Este total incluye las obligaciones adquiridas por el Gobierno central y sus empresas estatales financieras y no financieras, además de los compromisos derivados del sistema de pensiones. Según el BCR, incrementó 6 % frente a los $19,286.60 millones del primer trimestre de 2019.
La institución reporta que la deuda pública cerró en 2019 en $19,808.35 millones. En enero de 2020 llegó a $19,854.43 millones y en febrero quedó en $19,845.54 millones. Sin embargo, para marzo - cuando se endurecieron las medidas para enfrentar la pandemia- se disparó con un incremento mensual de $688.2 millones hasta llegar a los $20,533.74 millones.
Dentro de los compromisos del Sector Público No Financiero (SPNF) se contempla la deuda del Gobierno central que cerró en $13,527.88 millones en marzo pasado, incrementó $913.65 millones respecto al primer trimestre de 2019. Significó un crecimiento de 6.75 % frente a $12,614.23 millones alcanzados en el mismo período del año pasado.
El monto de las emisiones de las Letras del Tesoro (Letes) alcanzó a marzo pasado $1,481.37 millones. Comparado al saldo del primer trimestre de 2019 hay un incremento de $569.7 millones y es 38.4 % adicional frente a los $911.67 millones del año pasado.
La deuda derivada del sistema de pensiones aumentó $330.67 millones al pasar de $5,001.77 millones en el primer trimestre de 2019 a $5,332.4 millones al término de marzo de 2020.
El incremento de la deuda del Gobierno central responde en gran medida a los nuevos compromisos que ha adquirido para responder a la pandemia del COVID-19. Para esto, el Ejecutivo tiene permitido emitir hasta $3,000 millones, con lo cual se elevaría la deuda a hasta el 91 % del Producto Interno Bruto (PIB), según advertencias de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (Fusades).
Nueva deuda
Rommel Rodríguez, investigador del área de Macroeconomía de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), advirtió que el país aún tiene deudas en cuanto a la transparencia en el uso de los fondos públicos, por ello insistió en que debe tenerse certeza del destino de cada centavo de los nuevos préstamos en proceso.
“Hipotéticamente los $1,000 millones son para hacer una especie de disparo de la economía que se espera se traduzca en una mejora del crecimiento. Si es así, qué bien”, sentenció. Sin embargo, advirtió que las condiciones para la emisión de nuevos títulos no son las mejores y que por ahora será posible obtener los requerimiento de solidez solo si se tiene la disposición de pagar una tasa de interés “sumamente alta”.
Rodríguez explicó que el aval de la Asamblea Legislativa para que Hacienda gestione préstamos por hasta $1,000 millones adicionales es “lamentablemente, un paso más al precipicio de la insostenibilidad fiscal”. Valoró también que no se trata de un problema de pago en una o dos generaciones porque una vez colocado el financiamiento vendrá la factura del servicio de la deuda.
Otro de los riesgos es que ante la necesidad de liquidez el país logre acuerdos con un inversionista de riesgo, conocido como fondo buitre, escenario que catalogó como “delicado”.
Otro escenario es la posibilidad de que el país no logre encontrar fuentes de financiamientos. Si esto ocurre y las arcas del Estado comienzan a perder liquidez no habrá otro camino más que empezar a recortar gastos y ajustarse a lo que tiene disponible y a lo que realmente puede pagar, algo que redundaría en recortes en las carteras estatales y una pérdida de inversión.
El Salvador aún tiene retos en transparencia de presupuestos
De acuerdo con la última Encuesta de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership (IBP), los esfuerzos de El Salvador en mejorar la transparencia de los presupuestos públicos se mantienen estancados y se convierte en un foco de preocupación en momentos como la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19.
Los esfuerzos para alcanzar estándares en la publicación de información clave que ayuda al público a entender las políticas, decisiones y resultados del presupuesto, se mantienen bastante similares a la anterior Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés)”, destaca el informe publicado ayer. El Salvador tiene una nota de 46 sobre una base de 100 y apenas mejoró un punto contra la evaluación de 2019 cuando obtuvo 45. La posición también es apenas un punto superior a la media global que reúne a 177 países. Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, sostiene que es necesario avanzar en los controles transparencia en especial en el marco de la pandemia en donde los gobiernos echan mano de fondos “exhorbitantes” para atender la crisis.