Las operaciones en bitcoin que realiza el Gobierno central generan más incertidumbre entre los inversionistas y agregan más riesgo a la perspectiva crediticia soberana de El Salvador, de acuerdo a declaraciones compartidas por Moody’s Investors Service a Bloomberg.

En una entrevista realizada por Bloomberg con Jaime Reusche, analista de Moody’s, el vocero de la agencia destacó que El Salvador ya tiene una perspectiva crediticia soberana débil, pero que las operaciones en bitcoin se suman a “la cartera de riesgo”.

“Es bastante arriesgado, particularmente para un gobierno que ha estado luchando con presiones de liquidez en el pasado”, cita Bloomberg a Reusche.

El Gobierno central comenzó a comprar el criptoactivo desde septiembre de 2021, cuando entró en vigencia la Ley Bitcoin. Las operaciones son anunciadas por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, pero el mandatario no suele compartir cuánto dinero público se destinó.

Hasta la fecha, según las publicaciones de Bukele, se han realizado siete operaciones y se tienen 1,391 BTC. La semana pasada, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, indicó que las operaciones son realizadas por la empresa estatal Chivo y que se ha invertido entre $40 y $50 millones en la compra de bitcoin.

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El Gobierno también elabora una oferta para emitir $1,000 millones en bitcoin, una operación que estructuran las firmas Bitfinex y Blockstream, cuyos recursos se utilizarían para financiar infraestructura de minería de la criptomoneda con $500 millones y otros $500 millones para la compra de más bitcoin.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Las personas pueden realizar operaciones cotidianas, como compras, con la criptomoneda así como trading.
El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Las personas pueden realizar operaciones cotidianas, como compras, con la criptomoneda así como trading.

¿Cuál es el temor del mercado?

La decisión de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, fue un contratiempo en las negociaciones entre el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de financiamiento que le permitiría a El Salvador abrirse camino en el mercado de inversionistas al tiempo que realizaba un ajuste fiscal para ordenar sus finanzas.

Tener un acuerdo con el FMI es un aval fáctico para el mercado, así, cuando las negociaciones se demoraron, comenzó a subir tanto el riesgo país de El Salvador como su perfil soberano.

Al no haber acuerdo con el Fondo, el mercado de inversionistas se cierra para El Salvador y hay pocas oportunidades para emitir nueva deuda. Esto limita la capacidad de pago, pues el Gobierno debe asegurar el financiamiento de $800 millones para honrar el vencimiento de Eurobonos en enero de 2023.

Sin opciones para emitir deuda en el mercado, los inversionistas observan con riesgo de que el Gobierno no pueda pagar esa deuda y caer en impago. Esto se traduce en que el precio de los bonos emitidos por El Salvador cerró en 2021 con el peor desempeño de las economías con este tipo de deuda.

Bloomberg señaló en su artículo que el bono de los $800 millones para 2023 se cotiza a $78.8 centavos por dólar, lo que da un rendimiento de más del 35 %.

Hacienda ha señalado que una alternativa que analizan para honrar ese compromiso es emitir deuda nominada en bitcoin o recurrir a fondos de inversión.

El experto de Moody’s advirtió que si las compras de bitcoin suben mucho, eso podría representar un riesgo mayor para la capacidad de pago de El Salvador. Destacó además que una “cantidad decente de bonos” en la criptomoneda puede ayudar a las presiones de liquidez del Ejecutivo.

A menos que los bonos de bitcoin sean muy bien recibidos y suscritos en exceso, estamos viendo que la probabilidad de que sea necesario reestructurar sus bonos del mercado tradicional está aumentando".

Jaime Reusche
Analista de Moody’s

Más riesgo soberano y de país.

El riesgo soberano es medido por las calificadoras crediticias, agencias especializadas como Moody’s, Fitch Ratings y S&P Global Ratings.

La calificación que otorga una agencia es similar a la que un banco asigna cuando una persona pide un préstamo, que evalúa su capacidad y riesgo de pago.

En el caso de Moody’s, la agencia degradó en julio de 2021 la calificación de deuda de El Salvador de “B3” a “Caa1” debido a los riesgos en la capacidad de pago del Ejecutivo ante el cierre del mercado de inversionistas y el deterioro en las finanzas públicas. Tres meses después, en octubre, S&P Global Ratings rebajó la perspectiva a negativa bajo los mismos señalamientos que Moody’s.

Otro indicador clave para los mercados es el riesgo país, medido por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) que elabora desde 1990 por J.P. Morgan Chase.

El EMBI es la diferencia que tendría que pagar deuda emitida por un gobierno o una empresa domiciliada en una economía emergente frente a los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Estos oscilan entre el 1.4 y 1.5 %.
3
Posición
El Salvador es el tercer país con el riesgo país más alto de América Latina. Se coloca en 15.16 puntos al 11 de enero de 2022.


En el caso de El Salvador, el EMBI al 12 de enero de 2022 llegó a 15.16 puntos. Significa que, si quisiera salir al mercado a emitir deuda, tendría que ofrecer un 17 % de interés para poder encontrar inversionistas interesados. Pero debido a que las calificaciones crediticias son bajas por su incertidumbre de capacidad de pago, es probable que no encuentre apetito en el mercado.

El EMBI de El Salvador es el más alto desde 2007, cuando se comenzó a utilizar este indicador para la economía salvadoreña y se coloca como el tercero de mayor riesgo de América Latina detrás de Argentina y Venezuela.