Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), asegura que, a pesar de que “cualquier propuesta de cambio al sistema previsional debe tener a la base un estudio técnico que demuestre la viabilidad de lo planteado”. Uno de los aspectos a abordar, asegura, es el mercado laboral: la alta informalidad y los salarios bajos, harían que un sistema público sea de alto costo. “Para que el sistema previsional logre dar respuestas a los problemas de las personas, es necesario que cotice un mayor número de trabajadores y que los salarios mejoren”, añadió.
Por su parte, María Elena Rivera de la Fundación “Guillermo Manuel Ungo” (FundaUngo), consideró que “el solo cambio a la administración pública no es garantía de éxito en cobertura, suficiencia de beneficios y sostenibilidad” en el sistema, pues deben tomarse en cuenta las restricciones fiscales del país. Detalló que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 30 países que privatizaron total o parcialmente su sistema, 18 han revertido la privatización, por lo que es factible considerar una nacionalización.
Rommel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), consideró que, “de entrada, no se puede descartar ningún tipo de reforma” sobre todo si es una demanda verdadera “de los trabajadores”, pero indicó que las propuestas deben tener un sustento técnico.