Cada cambio de autoridades en las alcaldías municipales o en el Ejecutivo, los nuevos gobernantes se encuentran con el problema de que sus antecesores pintaron de colores partidarios las instituciones de gobierno, la papelería y hasta los carros nacionales. Nunca se ha hecho un estudio, pero debe costar una millonada a los contribuyentes esas decisiones.

Primero, las instituciones gubernamentales no son de los partidos ni de los funcionarios y segundo, debería haber una disposición legal clara que impida que hasta las fachadas de los edificios gubernamentales terminen en colores partidarios.

Recuerdo especialmente el caso de un alcalde que cambió de partido varias veces y esas varias veces, mandó a cambiar el color de las paredes de las oficinas municipales al nuevo partido que se afiliaba. ¿Cuánto le habrá costado a los contribuyentes esa majadería?

Esta semana leí una noticia que me llamaba la atención, la Junta Electoral de Cataluña -una región de España que busca ser un estado independiente- dio un plazo de 48 horas para retirar todos los símbolos independentistas que exhibe en los edificios que dependen del Gobierno autonómico, que es pro independencia.

La razón es que fundamentalmente, todos esos símbolos rompen la neutralidad política que deben tener las instituciones públicas, según la resolución de la Junta Electoral.

Eso es lo correcto y este caso que cito es un gran ejemplo a seguir. Las instituciones públicas son de todos los ciudadanos, no de los partidos o del gobierno de turno. El Estado, el Gobierno, las alcaldías, los edificios estatales, son de todos los salvadoreños y sirven a todos los ciudadanos, por lo tanto deben evitar romper la neutralidad política y no olvidar que los colores patrios son solamente el azul y blanco.