De acuerdo con Ávila, los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador realizaron un análisis jurídico que dejó por fuera los principios de la convención de derechos de los infantes salvadoreños y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
Pero la directora de país-Educo recalcó que, como parte de la sociedad civil, se debe ser responsable para analizar el caso de Escalante Díaz y la menor porque no tienen acceso a la información de los expedientes que los magistrados de la referida Cámara si observaron sobre cómo sucedieron los hechos.
“La información (de los expedientes), que claro debe ser hasta cierto punto confidencial porque se debe proteger los derechos de la niña, su imagen, que ella no debe ser revictimizada (…) pero sí exigimos que el proceso sea revisado a la luz de todas las normativas específicas que garantizan los derechos de la niñez, que se busque la verdad y que se haga justicia”, aseveró Ávila durante la conmemoración de los 30 años de la convención sobre derechos de la niñez.
La Cámara Primera de lo Penal entregó ayer a las partes procesales, la resolución escrita en la que fundamentaron que Escalante Díaz no cometió el delito agresión sexual en menor e incapaz, sino una falta de actos contrarios a las buenas costumbres y al decoro público. La FGR tiene cinco días para apelar fallo.
El pasado 4 de noviembre, Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron un aviso en sede fiscal pidiendo al fiscal general, Raúl Melara, investigar a los magistrados de dicha Cámara, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel, porque según su perspectiva se “está buscando beneficiar al magistrado Escalante” y desprotege a los infantes del país”.
Ese mismo día por la tarde, hombres y mujeres llegaron a las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez para protestar por la resolución que dieron los magistrados.
Asimismo, la Red para la Infancia y Adolescencia (RIA) también rechazó y condenó la resolución que emitieron los magistrados el pasado 31 de octubre asegurando que la decisión judicial menosprecia la dignidad humana de la menor al restarle importancia a la gravedad de los hechos.