Además del presidente Nicolás Maduro otros funcionarios chavistas acusados son el ministro de Defensa, Vladi-mir Padrino; el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosda-do Cabello y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, entre otros nueve funcionarios./ AFP


Estados Unidos inculpó ayer al presidente venezolano Nicolás Maduro por “narcoterrorismo”, y ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita su arresto, en una escalada en los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por sacar del poder a quien considera un dictador.

“Queremos que sea capturado para que pueda responder por sus acciones en un tribunal estadounidense”, dijo el fiscal general, Bill Barr, durante una conferencia de prensa realizada por videoconferencia por la pandemia de la COVID-19.

Interrogado sobre la conveniencia de estas inculpaciones cuando un tercio de la humanidad está llamada a permanecer en sus casas para evitar contagios, Barr dijo que se debe hacer “todo lo posible” para librar a Venezuela de la corrupción del gobierno de Maduro.

El Departamento de Justicia también presentó cargos contra otros altos funcionarios de Venezuela: el vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el número dos del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente.

Maduro y 14 funcionarios y exfuncionarios, así como un empresario venezolano y dos exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez y Jesús Santrich, están acusados de usar la cocaína “como un arma” contra Estados Unidos en las últimas dos décadas, ganando cientos de millones de dólares.

El Departamento de Justicia señaló a Maduro de liderar el grupo narcotraficante Cartel de los Soles y de trabajar junto con las FARC, considerada una “organización terrorista” por Washington.

“Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, provocando el ingreso de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses”, dijo Barr.

Según EE.UU. Maduro habría ofrecido “protección política y militar a las FARC” y les habría entregado armamento para luchar contra el Estado colombiano a cambio de que fueran su proveedor.

Barr explicó, con la ayuda de un mapa, que Maduro y las FARC habrían conseguido introducir entre 200 y 250 toneladas de cocaína cada año en Estados Unidos a través de rutas terrestres y marítimas.

Desde su época como ministro de Exteriores del gobierno de Hugo Chávez, Maduro se habría asegurado de “mantener abierta la puerta entre Colombia y Venezuela”, de modo que la droga entrara por la frontera terrestre.

 

Millonarias recompensas

El Departamento de Estado también ofreció primas de hasta $10 millones por información que permita detener a Cabello, a El Aissami, y a otros dos inculpados: Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar, y Clíver Alcalá Cordones, cercano colaborador de Chávez.

También prometió $5 millones de dólares para arrestar a Iván Márquez, exnúmero dos de las FARC y jefe negociador de los rebeldes en el acuerdo de paz de 2016.

Según documentos judiciales, el Cartel de los Soles y la entonces guerrilla de las FARC enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y países centroamericanos, como Honduras.

 

El caso

Se rumoraba vínculos con el narcotráfico



Reportes periodístos habían apuntado desde hace varios años la existencia de una red de funcionarios ‘chavistas’ dedicados al narcotráfico, señalando en concreto a Cabello y a El Aissami, como los cabecillas de este Cártel de los Soles.

 

La junta Internacional para el Control de Estupefacientes (JIFE), ya alertó el pasado mes de febrero sobre una posible infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad de Venezuela.

 

Mike Pompeo, secretario de estado de EE.UU. reiteró el compromiso de Washington para “ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas”, en una clara referencia de retirar del poder a Nicolás Maduro, deconocido por 50 países.