La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, nombró a cinco abogados como magistrados de la Sala de lo Constitucional, la noche del 1 de mayo. /Foto: Archivo DEM.


La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), anunció este viernes un recorte a la cooperación para el Gobierno de El Salvador, dirigida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía, la PNC y el Instituto de Acceso a la Información, en respuesta a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general, Raúl Melara.

A través de un comunicado publicado hoy, la administradora de USAID y exembajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Samantha Power, anunció que la agencia de cooperación decidió "reorientar" el apoyo que brinda a cuatro instituciones salvadoreñas.

Esto, debido a que USAID "tiene una profunda preocupación" por las acciones de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, que destituyó a cinco jueces del máximo tribunal constitucional y al fiscal general de la República; y nombró inmediatamente a un grupo de abogados sin el debido proceso.
USAID tiene una profunda preocupación con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador". Samantha Power, administradora de USAID.

La agencia internacional, que tiene un amplio historial de cooperación con instituciones del Estado, anunció que retirará su apoyo a la la Fiscalía General de la República y a la Corte Suprema de Justicia, las entidades intervenidas directamente con el Ejecutivo.

Power señaló, además, que hay "preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas", por lo que "en respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública".

Ambas instituciones han sido duramente cuestionadas: la primera, por participar en la toma de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero; y la segunda, por estar compuesta de magistrados con vínculos expresos con el Gobierno y el partido oficialista, Nuevas Ideas.

El anuncio de la Agencia de Cooperación estadounidense llega tras semanas de tensión en la relación entre el Gobierno de El Salvador y Washington, desde que se desató la crisis institucional por el golpe a la Sala.

En reiterados llamados, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, el Departamento de Estado, y el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, pidieron al presidente Nayib Bukele restituir el orden constitucional.

El mandatario, sin embargo, recalcó que las decisiones de la Asamblea Legislativa son "irreversibles", y pidió a la comunidad internacional "no entrometerse" porque El Salvador está "limpiando la casa".

¿Adónde irá el dinero?


Según USAID, el dinero originalmente destinado para estas instituciones se reorientará a organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos. Esta acción ya había sido advertida y hasta exigida de parte de numerosos congresistas estadounidenses.
Este financiamiento ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos". Samantha Power, administradora de USAID.

De acuerdo a Power, esta reorientación responde al compromiso de los Estados Unidos con la gobernabilidad democrática en El Salvador, colaborando con "diversos sectores para mejorar las condiciones económicas y de seguridad, y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica".

La alta funcionaria estadounidense también reiteró el llamado del gobierno de Biden, instando al Gobierno a apegarse a la separación de poderes.
El respeto hacia un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia. Samantha Power, administradora de USAID.