La policía antidisturbios se desplegó durante una protesta de la oposición en el centro comercial Metrocentro en Managua el 25 de febrero de 2020./AFP.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves la imposición de sanciones en contra de tres funcionarios del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes señala de liderar entidades estatales que han estado vinculadas con "abusos a los derechos humanos" desde las protestas desatadas en 2018.
De acuerdo con información de El Confidencial de Nicaragua, la Oficina de Control de Activos Foráneos del Departamento del Tesoro sancionó a la Policía Nacional de Nicaragua, así como a los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y el comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.
El Gobierno estadounidense acusa a la policía nicaragüense de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”, indica en un comunicado.
También señala a la institución de ser “una herramienta” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.
Con estas sanciones, los tres comisionados se suman a la lista de altos oficiales sancionados por Estados Unidos: el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía, y el primer comisionado Francisco Díaz, director general de la Institución.
Según datos de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la represión del régimen dejó entre abril y septiembre de 2018 un total de 325 asesinados confirmados y más de 2000 heridos. Además, otros 100 mil nicaragüenses han tenido que salir del país para protegerse de la percusión política y la represión, explica el medio.
Con las sanciones, cualquier propiedad que los funcionarios tengan en EEUU queda bloqueda y tampoco pueden hacer negocios con ciudadanos estadounidenses, quienes al mantener o establecer alguna relación comercial con los sancionados también podrían alcanzados por estas. Asimismo, se les revocará la visa.