Un total de 45 por cada 100 salvadoreños creen que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses, según el Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe 2019 divulgado hoy por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). En 2017, este porcentaje era 57 %.
La valoración de los ciudadanos corresponde a la gestión gubernamental anterior, ya que el estudio fue realizado entre enero y marzo de 2019. Asimismo, 57 de cada 100 salvadoreños cree que como presidente Salvador Sánchez Cerén estaba involucrado en corrupción, un aumento de 14 puntos porcentuales respecto a 2017, donde solo el 43 % lo creía.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), capítulo El Salvador de Transparencia Internacional, manifestó que su ausencia y omisión en investigar a sus funcionarios contribuyeron a esta percepción.
El 93 % de los entrevistados cree que la corrupción gubernamental representa un problema grave, pero la mayoría, 64 %, cree que la actuación del Gobierno es mala para luchar contra la corrupción.
Regionalmente, una de cada cinco personas en América Latina sufre de extorsión sexual al intentar acceder a un servicio público, como atención médica o educación, o bien conoce a alguien que ha pasado por esta situación.
En El Salvador, el 15 % de los entrevistados experimentaron o conocen a alguien que pasó por una extorsión sexual, es decir, cuando un funcionario promete un beneficio gubernamental a cambio de un servicio más rápido, aprobación de documentos, un trabajo o promoción o evitar una multa o encarcelamiento. Más de una de cada cinco personas que acceden a servicios públicos se ven obligadas a pagar un soborno.
En El Salvador, un 47 % cree que los empleados públicos están involucrados con la corrupción, esta percepción era 32 % en 2017; un 43 % lo cree de las alcaldías; y 43 % de los jueces y magistrados del Órgano Judicial.
La tasa del soborno, indica el estudio, se redujo 17 puntos porcentuales a 14 %. En la Policía fue del 24 %, en las escuelas públicas de 13 % y en la instalación de servicios públicos del 9 %.