El hecho ocurrió la mañana del 8 de febrero de 2016 en la colonia Villas de Zaragoza, en Zaragoza, La Libertad. Al parecer la PNC se enteró que en la zona había pandilleros armados asaltando, por lo que ocho agentes fueron a verificar la situación. Cuando llegaron, supuestamente los pandilleros huyeron y se introdujeron a una vivienda, donde instantes después fueron controlados por los policías que, pese a ello, decidieron ejecutarlos. Mataron a tres pandilleros y a un jornalero que nada tenía que ver con la acción de las pandillas.
Inicialmente los agentes fueron absueltos, pero tras una apelación una Cámara ordenó repetir la vista pública. Luego de repetirse el juicio, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla consideró que quedaba claro que los ocho agentes ajusticiaron a sus víctimas y luego trataron de modificar la escena para hacer creer que se había dado un enfrentamiento.
Hace pocos días tres agentes y un motorista de la PNC fueron llevados a un juzgado acusados de torturas en perjuicio de un supuesto pandillero, a quien golpearon de manera irracional, luego de haberlo esposado y tenerlo dominado en el suelo. El hecho fue filmado por algún ciudadano que a través de las redes sociales lo hizo público, lo que permitió individualizar a los agentes y procesarlos. En su defensa, algunos policías compañeros de los imputados señalaron que el sujeto, al que le decomisaron droga, momentos antes había golpeado a una mujer policía; sin embargo, en el requerimiento presentado por la Fiscalía nunca se menciona dicha situación. Los policías serán procesados en libertad por el delito de torturas.
En realidad son muchos los casos de policías procesados por homicidios o por violar los derechos humanos de la ciudadanía. Es cierto que los policías son los encargados de reprimir el delito y al delincuente, pero también las reglas humanitarias internacionales de derechos humanos mandatan que una vez controlado él o los delincuentes, se les deben respetar sus derechos y presentarlos a las autoridades respectivas para que se les siga el debido proceso. Un policía no puede tomarse la justicia por su cuenta.
Un oficial me decía que a veces los agentes actúan de esa forma motivados por la solidaridad, pues a veces les matan a sus compañeros y algunos buscan venganza con cualquier pandillero. Es entendible que los policías se enfurezcan cuando capturan a sujetos que le han arrebatado su vida a sus compañeros o a personas civiles. Creo que todos nos encolerizamos cuando ocurre un homicidio, un secuestro, una violación o cualquier hecho delictivo grave o cometido con barbarie, pero nada justifica los ajusticiamientos y las torturas, especialmente cuando son ejecutados por miembros de la autoridad policial.
He visto a agentes y soldados golpeando a jóvenes a quienes requisan en la vía pública. Las requisas son necesarias y se agradecen, pero se deben efectuar con respeto, porque no todos los jóvenes son pandilleros o delincuentes. Se conocen muchísimos casos donde los mismos agentes fabrican pruebas, por ejemplo: colocarles unos cuantos gramos de marihuana u otras drogas a jóvenes para poder capturarlos y llevarlos a los juzgados.
La PNC, como institución creada tras la firma de la paz que acabó con el conflicto armado, tiene el compromiso de ser un ente respetuoso de los derechos humanos y como tal está sometido al escrutinio de la población y bajo el control de algunas instituciones. Sus miembros deben ser capacitados constantemente en derechos humanos. No dudo que en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) como parte de su formación se les instruya en esa materia, pero creo que no es suficiente. Periódicamente se les debe concienciar y educar en derechos humanos.
A los salvadoreños nos indigna cada vez que escuchamos que un policía ha sido asesinado y pedimos que cuanto antes se detengan a los homicidas. Igual es indignante cuando capturan a un policía que se vio obligado a matar en defensa propia o defendiendo a otros ciudadanos. Todos pedimos su libertad.
En definitiva a los agentes hay que respetarles como autoridad policial y solidarizarnos con ellos, pero también estamos obligados a exigir que ellos sean garantes de la seguridad pública y muy respetuosos de los derechos humanos. El abuso del poder es delito.