Estoy totalmente de acuerdo en que el ente regulador del agua sea mayoritariamente estatal por razones lógicas, pero esta situación evidencia que eso no es garantía de nada, principalmente cuando los que administran son personas con mucha o poca capacidad y que es sobre ellos que recae la responsabilidad de ser eficientes y justos en el uso de los recursos. No quisiera imaginar un ente aún más poderoso que ANDA y con restricciones de ley más drásticas para los ciudadanos sobre el uso del recurso hídrico, que nos haga morir de sed simplemente porque algunos tomaron decisiones equivocadas.
El Estado debe, si quiere que se le considere como solución al manejo de los recursos estratégicos, ser mucho más responsable; no es posible que deje de pagar sus deudas, que pida dinero, que aumente tarifas, que pida préstamos y que al final la gente que los paga no tenga el agua en su casa; ese tipo de administración no merece que le entreguemos una responsabilidad tan grande que tiene que ver con la vida, la producción y el desarrollo pleno de los habitantes.
Pensar que por ser Estado todo estará mejor, es simplemente una visión ideológica también arcaica y poco inteligente, puesto que el resultado de tener agua en cada vivienda no depende de una visión ideológica sino de capacidades técnicas y verdadero interés en trabajar por la gente. Lo privado puede ser significativamente mejor y está demostrado que puede convivir con lo público en un perfecto equilibrio; de ahí que las empresas distribuidoras de energía otrora del Estado son ahora empresas eficientes, ordenadas y tienen suficiente capacidad para incluso resistir que el gobierno no le pague sus servicios prestados durante varios meses. Creo que el debate debe ahora enfocarse en que efectivamente necesitamos una ley del agua, un ente rector y probablemente varios mecanismos para que esto funcione; pero no puede seguir siendo solo el tema de un ente estatal o privado el centro de la discusión, se necesita analizar la realidad del país, la capacidad instalada, el proyecto al que queremos llegar y lo que esperamos del recurso a futuro y establecer la mejor manera de administrarlo entre todos los conjuntos de la sociedad, dando importancia a cada cual según esa función esperada.
En Israel, por ejemplo, la entidad rectora del agua la conforman el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Economía y el Ministerio del agua, ésta define cómo usar el recurso, cuánto debe pagarse por el recurso, cómo mejorar la obtención del recurso, etc.. luego existe una empresa autónoma que se encarga de extraer y producir agua, así mismo de trasladarla hasta los municipios; ahí las alcaldías son las encargadas de vender el agua en conjunto con operadores privados que tienen a su cargo la red domiciliar; existen también cinco empresas privadas que venden el agua al Estado, agua de sus plantas desalinizadoras en el mar, es un conjunto de instituciones y visiones pero con un sentido común en la productividad de la nación y la supervivencia de los ciudadanos; claro, hay que agregar a dicha estructura el hecho que Israel es 80 % desierto y recibe cuatro veces menos agua que nosotros en su época lluviosa.
Administrar el agua no debe plantearnos una pelea ideológica ni política, mucho menos partidaria, debe plantearnos un reto para superar nuestra realidad actual por una realidad futura y permitirnos rediseñar lo mejor para el ciudadano. ¿Que lo administre el estado? ¿Que lo administre el privado? No son las preguntas correctas, sino ¿qué debemos hacer para que el agua sea un recurso que todos puedan usar, que todos puedan explotar y todos puedan pagar? Basta este botón de muestra sobre cómo están ANDA y CEL para entender que necesitamos hacer algo mejor en esa ley.