La construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, ubicada en San Luis de La Reina, San Miguel, costará $551.61 millones adicionales, tres veces más que el valor inicial, y no generará rentabilidad hasta 45 años después de operaciones, advirtió ayer Daniel Álvarez, el nuevo presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Grupo CEL).

El presidente de la autónoma asistió a la Asamblea Legislativa a solicitud de los diputados de la Comisión de Obras Públicas, para que explicara el estado actual de la hidroeléctrica. Esta convocatoria se originó luego que el Presidente de la República, Nayib Bukele, considerada detener el proyecto, en construcción desde hace 11 años.

Construir El Chaparral se planteó desde 1998, bajo la administración del expresidente Armando Calderón Sol, cuando la CEL ordenó un estudio sobre los territorios adecuados para instalar una hidroeléctrica. Esa investigación encontró como posible buena ubicación la cuenca del Río Torola en el municipio San Luis de La Reina, limítrofe con Honduras.

El Gobierno salvadoreño comenzó en 2008 la construcción de la represa para una capacidad de generación de 67 megavatios (MW). La presa que se planteó con un presupuesto inicial por $207.8 millones, ahora es “una central de oro”, como la calificó el funcionario, y costará $759.41 millones, al menos $551.61 millones adicionales.

El presidente de la autónoma advirtió a los diputados que si El Chaparral ingresa a suministrar energía bajo las condiciones actuales, el proyecto tendrá rentabilidad hasta 45 años después de funcionamiento y operaría con un déficit de $355.8 millones hasta 2037, cubierto por los ingresos económicos que generarían las demás hidroeléctricas a cargo de CEL.

La obra es financiada con fondos públicos y con créditos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Si entra en funcionamiento pagando los préstamos del BCIE a una tasa del 6.20 % más el cambio de la London Interbank Offered Rate (Libor) en 8.82 %, y la venta del megavatio al Mercado Regulador del Sistema (MRS), la hidroeléctrica comenzará a dar beneficios a CEL hasta el año 46, sumó Álvarez.

 

¿Qué aumentó?

El Chaparral debía entregarse en el tercer trimestre de 2018, sin embargo el avance actual es del 70.6 % y tiene un retraso del 29.3 % debido en su mayoría a ampliaciones en los contratos. La nueva fecha de entrega es hasta 2020, 12 años después de iniciado el proyecto.

El valor inicial del proyecto contemplaba $12.7 millones en el costo financiero directo e imprevistos, $31.8 millones para diseño, supervisión y medidas ambientales, más $163.3 millones para los contratos de construcción.

El nuevo cálculo de costos indica que el valor financiero aumentó a $186.8 millones, mientras que el diseño y supervisión ahora tiene un presupuesto de $180.1 millones, y los contratos de construcción rondan los $392.5 millones.

CEL ya gastó $429 millones en el proyecto, de los cuales $128 millones se destinaron para la primera fase y $301 millones para la segunda. Esto deja un remanente de $330.41 millones que la autónoma debe pagar para sacar en funcionamiento el proyecto.

El titular de CEL manifestó que la decisión de mantener el proyecto o pararlo dependerá de los resultados que lance un estudio forense que se realiza con el BCIE, pues el banco es el encargado del 67 % de los fondos asignados a El Chaparral mientras que la CEL aporta el 33 %.



Fallas en los estudios

Tras el litigio con la italiana Astaldi, que dejó incompleta la obra pero aun así recibió un pago de $108.5 millones, la anterior administración de CEL no llevó a cabo evaluaciones técnicas para constatar la viabilidad del proyecto, señaló Álvarez.

En 2015, continuó, la autónoma “desechó” un estudio que “dice que no era viable continuar con el proyecto en ese momento puesto que se movió el eje de la presa y hemos tenido problemas porque los diseños no estaban terminados”.

“No hubo un seguimiento adecuado, eso es lo que ha derivado en reclamos. En todas las empresas constructoras encontramos arreglos directos, encontramos quejas de los contratistas por falta de pago porque se tardaban hasta 120 días en pagarles y eso generaba mas atrasos”, indicó el funcionario.

 

 

El caso

2008

La construcción inició en 2008, en la cuenca hidrográfica del Río Torola. Su costo inicial era de $207.8 millones y generaría 67 MW de energía limpia.

 

2015

La FGR intervino la construcción para investigar las negociaciones acordadas con la empresa Astaldi y las obras se suspendieron hasta mayo de 2015.

 

2019

La CEL anuncia que el costo del proyecto será tres veces más caro e inicia un estudio con el BCIE para evaluar la viabilidad de continuar con el proyecto.