La ficción tiene un cierto parecido con la realidad salvadoreña, ya que luego de escuchar varias revelaciones hechas en público a lo largo de la semana anterior, como si de cadáveres enterrados se tratara –lo digo en sentido figurado- las mismas no han tenido mayores consecuencias, dejando en el ambiente un preocupante halo de inmoralidad por parte de quienes las emitieron o sobre quienes recayeron.
Hagamos aquí el recuento: primero la diputada Felissa Cristales acusó a su propio partido político, de mantener entre sus filas a diputados que responden a las órdenes de quienes patrocinaron sus campañas políticas, lo que obviamente, contradice el mandato constitucional de los parlamentarios de garantizar el bien común, así como el resto de los postulados que contra el conflicto de interés se desarrollan en la ley.
Luego le siguió el también diputado Francis Zablah, denunciando al actual vicepresidente del parlamento, por supuestamente haber apuntado con un arma de fuego al actual Director de Centros Penales durante una reunión social, días después, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para sumar a los agravios anteriores, las irregularidades que presuntamente se estarían cometiendo en el proceso de elecciones internas del partido político que todos los involucrados comparten, al menos hasta el día de hoy.
Finalmente y como si todo lo anterior no fuera suficiente, el coronel retirado Inocente Orlando Montano, cerró la etapa de testimonios ante la Audiencia Nacional de España, señalando la responsabilidad de la tropa en la masacre de la UCA ocurrida el 16 de noviembre de 1989, aprovechando para expresar su pesar a la Compañía de Jesús, a la que externó además sus condolencias por lo ocurrido hace más de treinta años, como si de un acto espontáneo o improvisado se tratara y no del asesinato planificado de aquella comunidad universitaria, estando además probada suficientemente su responsabilidad en la cadena de mando, desde que lo publicara en su informe de 1993 la Comisión de la Verdad organizada por la ONU.
Todas estas declaraciones tienen en común la indignación y las interrogantes que provocan, no solo por la gravedad de los hechos que describen, sino que también por el resto de detalles que callan y la cantidad de tiempo durante el cual se mantuvo cada una en secreto. Es imposible creer que la diputada Cristales no percibió los vicios que ahora denuncia cuando asumió el cargo hace más de dos años, o que el diputado Zablah no supiera que estaba obligado a denunciar ante la Fiscalía y el Tribunal de Ética una conducta de la que fue testigo y cuyo silencio lo convertía en cómplice, o que el coronel Montano quiera mostrarse en su vejez como un simple pasa papeles de los cuerpos de seguridad publica bajo su mando, a finales del conflicto armado.
En El Salvador las confesiones se hacen en forma tardía y ya que las instituciones contraloras no funcionan por complicidad, falta de capacidad, limitación de recursos o por todas estas razones juntas, la impunidad sigue siendo la regla general. Es solo cuando las consecuencias de estos vicios impactan directamente en la vida personal o en los intereses políticos de quienes los protagonizan, que salen a la luz revelaciones que antes formaban parte del pacto de silencio que parece alimentar las lealtades en la vida pública, y cuando todo esto no funciona, allí están los subordinados para cargar la culpa de las jefaturas.
Sería deseable un mayor nivel de decencia y decoro entre nuestros funcionarios. De hecho la Ley de Ética Gubernamental la incluye entre uno de sus principios, tan olvidados en los tiempos que corren, cuando abalanzarse a las candidaturas disponibles parece ser una estampida en pos del poder público, para la cual los mejores seguirán viéndose rezagados o ignorados. Mientras las cosas cambian, esperemos que el corazón delator de otros nos permita conocer las interioridades del poder, al fin de cuentas, es necesario conocer las entrañas del mal, antes de poder cambiarlo.