Nacionales

El COVID-19 otra barrera para la discapacidad

Saraí Alas

martes 30, junio 2020 - 12:02 am

Francisco Álvarez de 42 años de edad, es una persona con discapacidad visual que labora como coordinador de una clínica de masajes de la Asociación de Ciegos de El Salvador (ACES), pero la pandemia del COVID-19 obligó a cerrar el recinto, dejándolo sin la única fuente de ingresos para él y sus compañeros con la misma discapacidad.

Para Francisco el coronavirus es una nueva barrera que deben enfrentar las personas que padecen discapacidades. La crisis sanitaria en el país, dice, aumentó la falta de acceso a servicios de salud y ahora hay menos posibilidades de obtener un empleo formal porque están “estigmatizados”, y por la capacidad económica de las empresas, que también disminuyó.

“Nosotros no percibimos salario desde el 1 de marzo. No hemos podido pagar las obligaciones de recibos de agua y de luz y solo ese empleo tenemos porque nadie nos contrata. Estamos estigmatizados y si hemos tenido alimentos es porque la asociación hizo gestiones para que nos dieran, pero la situación es difícil porque tampoco podemos comprar nuestros medicamentos”, aseveró Francisco.

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Según relata el hombre de 42 años, lo que le preocupa de la crisis por el COVID-19 es que sus compañeros que tienen hijos no tienen dinero para garantizarles alimentación y educación, y tampoco pueden comprar medicamentos en el caso de padecer enfermedades crónicas.

A criterio de Walter Zelaya y Marlon Alas, a través de su análisis denominado “El impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad en El Salvador”, la población con discapacidad con un trabajo tiene mayor dificultad para hacer teletrabajo porque no cuentan con los equipos adecuados o las computadoras no tienen programas virtuales para búsqueda de archivos.


Mientras que, en el área educativa, los estudiantes que padecen discapacidades no tienen acceso a internet o dispositivos móviles para recibir clases desde sus hogares y su capacidad económica no les permite pagar un plan de internet para mantenerse en línea.

El Consejo Nacional de Atención Integral de la Persona con Discapacidad (CONAIPD) emitió protocolos para el trato de personas con discapacidad, enfocadas en orientar a las autoridades de Seguridad para respetarlos en su movilización; sin embargo, no se incluyeron directrices para garantizar el apoyo económico especial para estos sectores desde el Estado.

El protocolo indica cómo respetar los derechos de personas con discapacidades, respeto a sus derechos y cómo recomendarles mantenerse en casa.

Al conversar o interactuar con una persona con discapacidad o su familia, se indica mantener la “distancia debida” para evitar el contagio de COVID-19, enfocándose en el trato a las personas y en contagio, pero no a su apoyo.

Una de las medidas de apoyo económico del Gobierno durante la pandemia de COVID-19 fue la entrega de $300 para hogares vulnerables más afectados, tomando como base la entrega del subsidio al gas; sin embargo, se omitieron otros recursos de información como la encuesta nacional de personas con discapacidad.

El estudio, realizado en 2015 por el CONAIPD en coordinación con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reveló que un 6.4% del total de la población tiene una discapacidad; es decir, más de 410,798 personas en todo el país hasta esa fecha.

 





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