Quiero referirme al debate de los columnistas Oscar Picardo (“La suerte está echada”), y Manuel Hinds (“La suerte no está echada”), sobre la interpretación de la reciente encuesta sobre preferencias políticas administrada por la Universidad Francisco Gavidia.
Me interesa, más que el tema, el fenómeno del debate público como tal porque en El Salvador eso no existe. Muchos estiman mejor no responder nunca nada, bueno o malo, seguros que en poco tiempo todo será olvidado. El debate legislativo pocas veces es debate, casi siempre intercambio de acusaciones, especulaciones o monólogos. Las columnas de opinión son siempre monologas. La televisión y la radio pasan entrevistas individuales, de dos, tres, hasta cinco, que jamás construyen un debate.
Debatir significa “discutir un tema con opiniones diferentes”; discutir significa “examinar atenta y particularmente una materia” ; “contender y alegar razones contra el parecer de alguien”. Eso en El Salvador no lo hacemos. Eso es exactamente lo que han hecho Picardo y Hinds, y por eso los elogio.
En El Salvador la mesa está servida para tres debates: los economistas, sobre deuda pública y presupuesto 2021; los abogados, reforma de la Constitución; los ciudadanos todos, autoritarismo y democracia.
Por su extrema urgencia llamo la atención sobre el primero. Pienso que COLPROCE -Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas- tiene la responsabilidad profesional y ética de analizar el tema, exponer sus resultados y abrir el debate en todos los foros para que la ciudadanía se entere. Las universidades otro tanto. En sus facultades de economía enseñan la historia y las herramientas de la materia, pero nada o muy poco --y no en todas-- se discute por qué la situación económica -y por tanto social- del país está como está, y mucho menos qué hacer para superarla.
Como expuse la semana pasada a nombre de Fudecso -Fundación para el desarrollo de las Ciencias Sociales, el rumbo del país hacia la bancarrota es crítico, pero todavía corregible. Por eso es urgente debatir sobre eso ahora, antes de las elecciones. Pasadas las elecciones, las autoridades necesariamente tendrá que tomar acciones de política económica y fiscal que, si no hemos conocido y discutido antes, serán las mismas de siempre -subir el IVA entre otras- y recaerán, como siempre, sobre los asalariados y los más pobres.
Diez acciones ha indicado Fudecso:
Cinco urgentes: 1. Detener la evasión y elusión de impuestos; reducir la corrupción y el contrabando; 2. Instaurar impuestos específicos, entre ellos un IVA diferenciado para bienes de lujo; 3. Eliminar gastos de consumo no indispensables del Estado (propaganda, por ejemplo); 4. Eliminar la práctica de generar gastos sin prever ingresos; 5. Iniciar un ajuste fiscal de al menos 5.2% en los próximos 10 años y un crecimiento económico promedio de al menos 3% anual.
Cinco de mediano plazo: 1. Eliminar la práctica de contraer deuda externa para financiar gasto corriente (gasolina, electricidad, nuevos funcionarios, otros); 2. Revisar y corregir el sistema tributario para volverlo menos regresivo y que los que ganan más paguen más; 3. Aumentar y hacer eficiente la ejecución de la inversión pública; 4. Establecer el impuesto predial y el mecanismo de renta mundial para el cobro del impuesto sobre la renta. (en América Latina y el Caribe, sólo Cuba y El Salvador no tienen el primero y Costa Rica, como otros países, ya discute cómo establecer el segundo); 5. Renegociar, refinanciar o restructurar la deuda en términos y condiciones soportables para la capacidad de pago del país.
El debate de estos asuntos está dándose en medio mundo. Presidentes inteligentes aprovecharon la Asamblea General de Naciones Unidas para dimensionar el problema de la deuda. Es necesario instalar el debate también entre nosotros.
Vivimos tiempos en los que todos en todo el mundo tendríamos que exigirnos ceder un poco, salvo los pobres y menos aún los más pobres de los pobres.