En 2015, el IAIP levantó la reserva a información patrimonial de funcionarios y exfuncionarios. En una sesión del 26 de octubre, comisionados sostuvieron que las declaraciones son reservadas.

Fue el mismo presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ricardo Gómez Guerrero, quien propuso revertir la resolución del IAIP que ordenaba entregar anexos a los informes patrimoniales del presidente Nayib Bukele que tiene la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).


El tema no estaba, expresamente, en agenda del IAIP. Fue introducido por el presidente del IAIP en el punto “varios” de la sesión del IAIP del 26 de octubre. Mencionó que se quería referir al expediente 194-A 2010 y sugirió abordar el caso “por la línea de la revocatoria”.




Yo estaba analizando un poco el caso porque la semana pasada indagué en la institución, pedí la resolución... Mi propuesta concreta es que se haga una resolución por parte del Instituto que podamos justamente por el principio de seguridad que podamos revocar la resolución”. Ricardo Gómez, presidente del IAIP, al inicio de sesión del 26 de octubre.



En sus argumentos iniciales, el titular del IAIP mencionó el artículo 240 de la Constitución de la República –que reservaba las declaraciones patrimoniales– y que las adendas contienen información crediticia.


El comisionado presidente agregó que la CSJ le notificó una demanda contra el IAIP ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo y advirtió que podían “salir perdiendo”. El temor a enfrentarse en un "litigio" con la Corte Suprema de Justicia también fue un argumento mencionado por los comisionados Gerardo Guerrero Larín y Luis Suárez Magaña.



Mea culpa


Luego de argumentos en contra del resto de comisionados, Gómez sometió a votación su propuesta.

“Comisionado Guerrero”: “De acuerdo”. “Comisionada Liduvina”: “No estoy de acuerdo, ni siquiera se nos fue informado para un análisis previo jurídico”. “Comisionado Suárez”: “De acuerdo y veo esto no como una revocación, sino como un efecto saneador, como un mea culpa”. “Comisionado Gregori”. “Yo estoy en desacuerdo”. “De mi parte, a favor de la propuesta que he hecho”, cerró el tema el presidente del IAIP.


Así, los comisionados Gerardo Guerrero Larín, Luis Suárez Magaña y Ricardo Gómez votaron por reservar la información patrimonial del mandatario solicitada por una ciudadana. Los comisionados Liduvina Escobar y Gregori Rodríguez votaron en contra. Ambos advirtieron un grave retroceso en el derecho de acceso a la información pública en El Salvador.



Oportunidad para “sanear”


El comisionado Gerardo Guerrero aclaró que desconocía la resolución del IAIP. “No conozco esa resolución”.


Sin embargo, calificó la revocatoria de la resolución del IAIP como una “oportunidad” para “sanear”. “Si se puede sanear desde ya, enbuenahora”, afirmó.


El comisionado Guerrero citó el artículo 110 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que aclara que no se deroga el artículo 6 de la ley sobre el enriquecimiento ilícito. Este artículo 6 mantiene en reserva las declaraciones patrimoniales.


En la sesión, el comisionado Luis Suárez Magaña aseguró que “más allá de revocar”, vería la revocatoria como “sanear”. “Yo pienso que vayamos, nos curemos en salud y emitamos lo que bien ha propuesto el comisionado presidente”, expresó. El funcionario agregó que su principal temor es que el IAIP pierda una demanda ante la Cámara de lo Contencioso contra la CSJ.


La comisionada Escobar le pidió al comisionado que le explicara el "efecto saneador" que argumentó para revertir la publicidad de la información patrimonial de los funcionarios y exfuncionarios que declaran ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. "El efecto saneador ya está aclarado por jurisprudencia y doctrina, no tengo nada más que decir al respecto", le respondió Suárez, durante la votación de la revocatoria.

Ven retroceso


En la sesión del pleno del IAIP, los comisionados Escobar y Rodríguez pidieron consultar al equipo jurídico antes de tomar una decisión.




Yo no comparto esta decisión, va en detrimento en el derecho de acceso a la información pública”. Liduvina Escobar, comisionada del IAIP, sesión del 26 de octubre.



El presidente del IAIP añadió que llevó el tema al pleno como “siempre se han tocado”.


“Discúlpeme, pero no, no es así, ese tipo de casos es primera vez que lo abordamos aquí. Por primera vez nosotros lo escuchamos del tiempo que tenemos en el Instituto, es primera vez que se nos propone una revocatoria”, le respondió Escobar.


La comisionada Yanira Cortez, quien no tuvo voto, pidió tomar en cuenta los tratados internacionales. “Si el Instituto perdiera, bueno, no ha sido el que no ha luchado por el derecho de acceso a la información pública”, dijo, ante el temor expresado por los comisionados que manifestaron preocupación ante un posible “litigio” con la CSJ.



Transparencia patrimonial, la historia


24 de julio de 2015: el IAIP levantó la reserva a las declaraciones patrimoniales y posteriormente.


1 de septiembre de 2015: el IAIP levantó la reserva a las auditorías patrimoniales de funcionarios o exfuncionarios, independientemente si eran o no exonerados por los magistrados de la CSJ.


20 de junio de 2017: la CSJ reservó la información patrimonial de personas sobre las que decidía no había indicios de enriquecimiento ilícito.


2019: el IAIP levantó dicha reserva.


26 de octubre de 2020: el IAIP revirtió la resolución en la cual el IAIP ordenó entregar las adendas patrimoniales del presidente Nayib Bukele. En la sesión los comisionados citan como argumento que la CSJ reservó información patrimonial en 2017.


El levantamiento de la reserva a las auditorías patrimoniales permitió la investigación patrimonial de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.