Una reforma solicitada por el Gobierno para transferir excedentes de un fondo, que sirve para pagar pensiones del antiguo sistema público y para pagar capital e intereses de certificados emitidos por el Estado, ha generado una polémica en Twitter.

El Ministerio de Hacienda y el secretario jurídico de la Presidencia de la República han solicitado transferir $21.1 millones de la partida Fideicomiso de Obligaciones de Trabajo (FOP) –una línea de trabajo de la unidad presupuestaria "17 Financiamiento al Sistema de Pensiones y FOP– hacia otras partidas del Ramo de Justicia y Seguridad Pública, dentro del presupuesto general de la nación de 2019.

La petición del Gobierno, que surgió de una reunión del Consejo de Ministros del 6 de noviembre, es transferir estos fondos al "rubro 54 adquisiciones de bienes y servicios" de unidades de Seguridad Pública y Administración del Sistema Penitenciario, para régimen de disponibilidad policial y alimentación de reos.

En la solicitud, tanto el secretario jurídico como el ministro de Hacienda explican que el excedente obedece a una disminución en el número de personas a jubilarse.



La diputada Yanci Urbina (FMLN) acusó al gobierno de poner en riesgo el pago de las pensiones pero la comisionada presidencial, Carolina Recinos de Bernal, le contestó que ya pagaron todos los intereses hasta diciembre de 2019.

Recinos se refiere a los intereses que debe pagar el Estado a los tenedores de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que el Estado les ha vendido años atrás. Esos tenedores de los CIP son las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) ya que estas, por ley, debieron adquirir los CIP al Estado.

En otras palabras, en el presente año, el Estado ya le pagó los intereses a las AFP por los ahorros de los cotizantes que por ley le ha prestado. La funcionaria publicó una carta en la cual el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) registró estos pagos.



 

Diputados de Arena y FMLN auguran que no votarán por la iniciativa.

El lunes, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el diputado Víctor Hugo Suazo, del FMLN, pidió archivar inmediatamente la solicitud y aclaró que no estaban interesados en que los funcionarios lleguen a explicarla, como lo sugirió el diputado Guadalupe Vásquez, del partido Gana. El legislador de Gana, quien preside la Comisión de Hacienda, anunció que pedirán explicaciones a los ministros Hacienda y Seguridad.

La diputada Patricia Valdivieso, de Arena, avisó que no dará los votos. El diputado René Portillo Cuadra, del mismo partido, consideró que sería una ilegalidad tomar dinero del FOP para seguridad porque sostiene que el FOP no puede transferir fondos a una cartera de Estado ni con la aprobación legislativa.

Norman Quijano, también legislador de Arena, escribió que la reforma sentaría un precedente nefasto para que cualquier déficit presupuestario se subsane a costa de obligaciones con los trabajadores.













En Twitter, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, explicó que el excedente del FOP se debe a que habían previsto que pagarían intereses de los CIP por $246 millones pero que en realidad pagaron $218 millones.

El FOP es un fondo que sirve para el pago de pensiones del antiguo sistema público de reparto así como el pago de intereses y capital de los certificados emitidos por el Gobierno.









 

El presidente Nayib Bukele aún no ha participado de la discusión. Sin embargo, el pasado 25 de noviembre, anunció que prepara una reforma que beneficie al trabajador y amplíe a más beneficiarios.