Durante esta crisis, el gobierno del presidente Bukele ha dispuesto de suficientes recursos producto del exorbitante endeudamiento al que ha llevado al país, los recursos financieros no han sido valladar para enfrentar la pandemia. El aval legislativo le dio al presidente Bukele disposición de más de 3600 millones de dólares, un hecho sin precedentes comparado con el proceso de reconstrucción del país después del conflicto armado, cuya ejecución nunca dispuso de tantos recursos.
De acuerdo a la CEPAL El Salvador ha sido uno de los países de América Latina que más recursos ha gestionado (11,1% del PIB); sin embargo, de manera extraña, estos se han diluido por falta de dirección, planeación, resolución e implementación adecuada. Es innegable que faltó (y sigue faltando) una acertada estrategia de contención de la enfermedad y cada día se destapan nuevos indicios de corrupción.
Los contagios acumulados rondan las 20 mil víctimas, centenares de muertos reportados; el gobierno carga con el mayor número de trabajadores de la salud contagiados y fallecidos en la región por falta de equipamiento e insumos de protección de calidad que les permitiera enfrentar el trabajo cotidiano en la primera línea de contención.
El manejo improvisado por el gobierno es responsable de los estragos socio económicos por la pérdida de más de setenta y dos mil empleos formales en 5 meses, según datos del ISSS; y aún se desconoce el impacto en el sector informal por el cierre de miles de emprendimientos. A esto hay que sumar el inmoderado incremento de los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, con alzas que van como el chile verde de $11.00 a $25.00 dólares por caja; tomates de $8.89 a $20.00 por caja o el ciento de repollo de $60.00 a $100.00. A partir de esta catástrofe, la pobreza, que se había reducido al 23%, hoy se incrementará al 40% de acuerdo a datos de la CEPAL.
El barco a la deriva del desgobierno está en crisis, importantes figuras abandonan la primera línea de conducción gubernamental. Tres semanas antes de la renuncia del ministro de hacienda Nelson fuentes, había ocurrido el abandono de la directora de ISDEMU María Soledad Briones de Zamora, luego vino la renuncia de la directora del ISSS Delmi Cañas de Zacarías, quien apenas llevaba seis meses en el cargo y en el que cuentan influyeron los asesores venezolanos. Por otro lado, están los nuevos y los que ya tienen algunos meses, generando callos, severamente cuestionados por hechos de corrupción que cada vez se “destapan” con mayor frecuencia.
Las renuncias en el ejecutivo y los improvisados relevos con figuras cuestionadas por recios indicios de corrupción ocurren a siete semanas de que el gobierno presente su propuesta de Presupuesto General del Estado para el ejercicio 2021, en medio de: la caótica caída del PIB a menos 8.6%, de acuerdo a datos de la CEPAL, el estrepitoso desplome de los empleos y capacidades productivas, la sensible disminución de las remesas familiares que impactan el mercado interno y los ingresos del Estado, un exorbitante endeudamiento público que ronda el 92% del PIB; y, para colmo, un gobierno sin rumbo, sin interlocución, ni estrategia para la reapertura económica.
La incapacidad de gestión del presidente Bukele y su gobierno, mientras están frenéticamente volcados a su campaña electoral, pierden de vista que están incubando aceleradamente un agudo proceso de efervescencia social en que aflora el malestar de la población por falta de empleo y oportunidades, por el alza de los precios en la canasta básica y la condena a una mayor pobreza; suenan los tambores de los desmovilizados por el incumplimiento de sus pensiones y reivindicaciones, el desmantelamiento del transporte público y las amenazas de nuevas privatizaciones. El desgobierno salvadoreño es un hecho.