Primero, deja en evidencia la aún escasa capacidad del sistema de justicia salvadoreño para investigar, procesar y castigar delitos complejos que repercuten en la vida política y de los ciudadanos. A la vez, demuestra que la responsabilidad delimitada por los tribunales a partir de la cadena de mando en instituciones tan jerarquizadas como los cuerpos militares y de policía, pueden y deben acarrear responsabilidad individual para los mandos que la conducen. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con Montano, a pesar de los intentos de sus defensores de dirigir la responsabilidad por lo ocurrido hacia el presidente de la República de entonces, o hacia la Tandona.
El fallo debería ser objeto de estudio de las autoridades militares y policiales de la actualidad, ya que en medio de la crisis, han asumido un protagonismo político e institucional que las vuelve más visibles en la vida cotidiana, así como en el proceso de toma de decisiones en la administración pública, pero también, más vulnerables a cometer errores y a enfrentar en el futuro procesos legales.
Los hechos están allí, las lecciones de la historia marcan el camino a seguir pero también la senda de impunidad y autoritarismo a evitar.