Luis Cardenal, presidente de la ANEP


El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, relata en una entrevista con Diario El Mundo cómo lograron coincidir con el Gobierno durante más tres semanas de pláticas coordinadas por Karim Bukele, hermano del presidente salvadoreño, Nayib Bukele; encuentros en donde no todas las propuestas de la empresa privada fueron aceptadas por el Gobierno.

Todo partió, cuenta, de advertir dos necesarias dimensiones para enfrentar la crisis por el COVID-19, una prioritaria, la salud, sin olvidarse de la dimensión económica, centrada en el sustento económico de cada familia, no en la avaricia.

“No eran excluyentes. Lo que hicimos fue empezar a preguntar, a economías más poderosas, países que habían manejado estas crisis con éxito. Se llegó a denominadores comunes, una era tratar de inyectarle liquidez a la economía o tratar de salvar con especial énfasis a los más débiles, dentro de esto, a las micro, mediana y pequeña empresa”, dice.

Para garantizar esta liquidez, advierte, países como Estados Unidos imprimen dinero y ayudan a industrias estratégicas, pero El Salvador no tiene moneda ni ahorros ni recursos ilimitados.

Para resolver los pagos de empleados suspendidos o despedidos, una de las opciones planteadas por la empresa privada fue que un crédito puente financiara al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para que este asumiera dicha responsabilidad y el empleador pagara dicho préstamo a través del incremento de la cuota patronal. Esa propuesta, señala, fue rechazada por el Gobierno.

“Hubo que buscar otras alternativas, se hicieron diversas propuestas”, continúa.

Mientras tanto, también advertían que era insuficiente el financiamiento de $2,000 millones autorizado por la Asamblea Legislativa para el Estado, porque ya se destinaron $600 millones a las alcaldías, $450 millones a subsidios y el Estado requiere unos $500 millones mensuales para salarios y obligaciones en una crisis que persiste por segundo mes. “Hay necesidades para salud, la construcción de un hospital, aumento de pagos por los bonos para la Fuerza Armada, Ministerio de Salud, Policía, subsidios para poder mantener abierta Anda, aeropuerto que no está recibiendo ningún ingreso, muchas de las áreas de turismo, pareciera que no alcanzan los recursos”, sostiene.

Buscando una solución para inyectar liquidez a la economía, sin endeudarse y respondiendo a las micro y pequeñas empresas, fue como sugirieron “la solicitud de un nuevo crédito de mil millones” que, a criterio de Cardenal, no será una nueva deuda en sí misma.

El presidente de la ANEP explica que siempre han estado en contra de mayor endeudamiento para el país por las repercusiones fiscales y las dificultades que un país con bajo crecimiento pueda tener para pagar estos créditos.

“Pero, ante una situación inédita y un problema que afecta a todas las economías a nivel mundial sin excepción, no vemos ningún otro recurso y vemos que entre los dos males el endeudamiento es el menor a no hacer nada”, sostiene.

“Si no le inyectamos liquidez a la economía, lo que sucede es que mayor número de empresas van a quebrar o mayor número de gente se va a quedar sin empleo”, advierte.

 

$800 millones “no es deuda”

Explica que del financiamiento se utilizarían $460 millones para créditos blandos a microempresas del sector formal bancarizadas y a empresas con menos de 100 trabajadores, para que enfrenten la crisis.

A medida que estos préstamos sean pagados, Hacienda, dice, ocuparía estos fondos para pagar el empréstito obtenido en el exterior.

Aunado a esto, el Gobierno ocupará $300 millones para pagar deudas a proveedores y $100 millones de IVA a exportadores. Así, concluye que un total de $800 millones de este nuevo financiamiento “no es deuda”.

“No se está aumentando la deuda del país, sino que se está cambiando, de deuda a proveedora a deuda a los bancos, pero con eso usted le inyecta dinero a la economía, dando un respiro financiero a muchas empresas para que tengan un capitalito con el cual puedan empezar a trabajar una vez se abra la posibilidad de que uno pueda empezar a trabajar”, expresa.

También, se sugirió que las alcaldías usen los $600 millones para comprar canastas básicas a productores e industrias nacionales, paguen la deuda a sus proveedores y fortalezcan sus sistemas de salud locales.

El titular de la gremial sostiene que la mejor manera de aminorar el impacto económico de la emergencia por el COVID-19 es “empezar a trabajar lo más pronto posible” cumpliendo protocolos de salubridad y seguridad para garantizar que no haya contagios.