La tentación de ejercer control sobre los gobernados y anticipar sus acciones y preferencias en el espacio público y privado, constituye una amenaza al ejercicio de las libertades públicas.
El gobierno costarricense creó la “Unidad Presidencial de Análisis de Datos” (UPAD) y se dedicó a recopilar información sensible de los habitantes de su país, lo que provocó que fuera denunciado a inicios de esta semana por los delitos de prevaricación y violación de datos personales.
Es muy pronto para anticipar los resultados de las pesquisas iniciales a cargo de las autoridades del hermano país, pero su existencia puede servir de advertencia a autoridades de todos los países y también a nosotros los ciudadanos que eventualmente nos vemos afectados.
La filtración de datos personales como la que fue revelada al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública, o la existencia de un “Sistema de Gestión de Solicitudes” (SGS) que desde la Presidencia anterior almacenaba datos personales de peticionarios de información, son ejemplo de que el problema no es extraño a nuestro país.