Si hablamos de prioridades, el presupuesto de 2021 para la atención integral a víctimas del ramo de Justicia y Seguridad Pública sufrió un recorte del 13.4% con respecto al del 2020, apenas fueron asignados $233,335, lo que representa el 0.01% del presupuesto del Ministerio de la Defensa; es decir, que por cada $100 para el Ejército, se destina un centavo para las víctimas, tanto de violencia como por desplazamiento forzado, entre otras.
El 100 % de estos recursos está destinado únicamente al pago de los salarios de las personas que trabajan en la DNAVMF y se desconoce aún cuál será el presupuesto del próximo año. Esto, pese a que la Sala de lo Constitucional reconoció el desplazamiento forzado en 2018, y ordenó dar prioridad a la atención de víctimas en el presupuesto y a elaborar una ley en la materia. Sin una prioridad clara en el presupuesto, las víctimas están condenadas a la desprotección del Estado.
Por otra parte, la Ley especial para la atención y protección integral de desplazamiento forzado fue aprobada en enero del 2020. Esta manda a elaborar, en el plazo de 90 días desde su entrada en vigencia, un reglamento que permita su ejecución. A pesar de ello, hasta la fecha el Ejecutivo aún no ha presentado ese instrumento fundamental.
A 20 meses de contar con la Ley, pero sin presupuesto asignado ni reglamento, la atención del Estado se limita a algunas instituciones públicas -con sus propios recursos - y al apoyo de organizaciones de la sociedad civil que brindan atención a víctimas de desplazamiento forzado por violencia. Por ejemplo, solo Cristosal ha atendido, entre febrero del 2020 y el 7 de octubre del 2021, a 346 personas, entre las cuales hay jóvenes y grupos vulnerabilizados, como mujeres y población LGTBIQ+. Personas que, de acuerdo con la ley, debieron contar con la atención y protección estatal.
La falta de implementación de la ley, ha conllevado que las entidades responsables de coordinar y articular el Sistema Nacional de Atención y Protección de Personas -que crea la ley- aun no funcionen, quedando las víctimas supeditadas a la falta de coordinación interinstitucional que se refleja, por ejemplo, en una ausencia de liderazgo por parte del Ministerio de Justicia y las Oficinas Locales de Atención a Víctimas de Violencia (OLAV). En muchas ocasiones el único apoyo que reciben las víctimas es el que proviene de la cooperación internacional, iglesias y las organizaciones de sociedad civil.
Además, hay significativas deficiencias en la aplicación del enfoque de derechos, enfoque de género y de rutas específicas para población desplazada LGBTIQ+, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, entre otros.
Pero el abandono de las víctimas lamentablemente es histórico en El Salvador, una muestra es la falta de una ley de justicia transicional a casi 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Además, en el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, la esperanza de las víctimas de alcanzar justicia ha sido obstruida con las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley de la Carrera Judicial, que separaron al juez Jorge Guzmán del caso, quien lo conoció desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en 2016. Desde Cristosal, consideramos que la atención a las víctimas debe ser una prioridad, lo que requiere un mayor compromiso del Estado, solo así se puede construir una sociedad más justa para todos y todas. Estoy seguro que este sentimiento es compartido por muchas de las organizaciones dedicadas a la atención y protección de víctimas.