No se trata solo de un moderno estilo de comunicación, es la manera perversa con que impunemente se hace escarnio de la dignidad de cientos de personas y familias lanzadas al desempleo, sin cumplir el debido proceso regulado y delineado por la jurisprudencia constitucional. Esta alevosa práctica de venganza y persecución política por tener -a veces solo un supuesto- vínculo familiar y militancia partidaria, son prácticas dictatoriales que padecimos durante los periodos más oscuros de las dictaduras militares como el dolorosamente recordado “Libro Amarillo” y que parecían haber quedado atrás.
Es cierto, debemos honesta y autocríticamente reconocer la existencia casos de nepotismo, prácticas que riñen con la ética y en las que algunos funcionarios, prevaliéndose de su cargo, abusaron colocando familiares o simplemente permitieron la deferencia de otros en la búsqueda de su complacencia. No obstante, existe el debido proceso y todos debemos estar claros de la obligatoriedad de aplicar rigurosamente la ley, tanto para contratar como para despedir.
Acusar de falso nepotismo a personas que tenían hasta dos décadas de laborar para el servicio público, antes de que algún familiar ocupase un cargo de mayor jerarquía; o cambiar el nombre a instituciones públicas con el perverso propósito clientelar de colocar a sus fieles servidores, en nada difiere de las prácticas más viciadas de la década de los ochentas. Nadie puede ser discriminado por sus ideas o militancia partidaria, el trabajo es un derecho bajo las reglas de idoneidad y necesidad de la función pública.
Vemos un gobierno empantanado, con funcionarios desubicados, conduciéndose a ciegas en un enredado proceso de reestructuración; sin objetivos claros, sin completar con calidad la planilla de sus integrantes e incluso con severos cuestionamientos a la idoneidad en algunos en los que imperó la tan criticada familiaridad, amiguísimo, conveniencia de sus empresas y figuras partidarias -otra vez- en la búsqueda de sumisión y fidelidad. Nadie puede dar fe sobre el famoso proceso de selección y se ha tenido que retroceder en la creación por arte de magia de Ministerios.
Sin embargo, no todo es negativo, debe reconocerse -al final- el buen tino del presidente Bukele para continuar y consolidar las relaciones diplomáticas con China, tras el clamor de distintos sectores y en función del interés nacional, proceso sabiamente iniciado por el expresidente Sánchez Cerén. Aunque, aún no se conoce la comisión de alto nivel para el seguimiento de los 13 convenios suscritos y hoy ratificados por el nuevo gobierno, ni se define el listado de proyectos estratégicos con posibilidades de materializarse.
El gobierno aparece a la deriva en la política exterior, sin una clara política integracionista con Centroamérica y el Caribe; y tampoco hay explicación ante la ausencia del presidente Bukele en el evento de transmisión de la presidencia pro témpore del SICA. Preocupa la solitaria presencia de la canciller Hill en esa Cumbre, desprovista de iniciativa, sin propuestas concretas en lo que debería ser el debut del nuevo gobierno conduciendo el sistema de integración: un espacio vital, destino del 40 % de nuestras exportaciones.
Al presidente le falta “ordenar” una política de transparencia y rendición de cuentas, que explique porqué se ha suspendido la publicación de los datos diarios de seguridad pública sobre las víctimas de la criminalidad; así como su fracaso diplomático tras la pretensión de alcanzar una silla no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, rompiendo unilateral y sorpresivamente el consenso latinoamericano sobre la candidatura de San Vicente y las Granadinas, con un bochornoso resultado de solo seis votos frente a 185. Esto amerita una explicación, especialmente por la presunción de agencias internacionales de la subordinación y obediencia de nuestra política exterior a los lineamientos de la administración Trump. Muchas funciones de este espectáculo estamos por ver.