“El principal obstáculo es de dónde saldrán los fondos para atender a personas en desplazamiento forzado. Hay que recordar que se debe dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal”, indicó el diputado Javier Valdez.
El artículo 36 propone que su fuente de financiamiento provenga del 25 % de los fondos que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibe de la contribución especial de la telefonía. Esta petición contrasta con la solicitud del Ejecutivo de destinar 62 % del impuesto a la PNC y 38 % al Ministerio de Defensa para el pago de bonos.
Organizaciones sociales de derechos humanos como Cristosal, en tanto, proponen un impuesto equivalente al 100 % ad valorem para la importación de armas de fuego para financiar la asistencia a víctimas, propuesta que aún no ha sido discutida en la comisión. “La discusión de fondo está en el tema del presupuesto, no puede dejarse de lado que debe incorporarse a las personas desplazadas de manera retroactiva”, añadió Cristina Cornejo, del FMLN.