La Fiscalía General de la República informaba ayer la detención de 13 pandillersos en municipios de Ahuachapán y Santa Ana, vinculados a 12 casos de extorsión agravada en los que exigían a sus víctimas el pago mensual de $300. Las detenciones nos muestran que pese a la pandemia, la delincuencia no para en continuar con este flagelo que afecta a salvadoreños de todos los niveles.

Las estadísticas de la Fiscalía aseguran que a raíz de la pandemia de covid-19, las denuncias por extorsión han disminuido en un 48 %. Entre enero y julio de 2020, la Fiscalía General de la República había recibido 799 casos, el año pasado durante el mismo período hubo 1,560.

La baja tiene que ver con el confinamiento y la cuarentena impuesta en marzo y la suspensión de transporte colectivo a partir de mayo.

Lo interesante es que según la Fiscalía, es que desde quie se habilitó la primera fase de la reapertura económica, de una o dos denuncias a la semana, el Ministerio Público empezó a recibir siete denuncias, lo que nos ilustra la dimensión de este flagelo.

La extorsión es un delito terrible, la criminalidad provoca una zozobra permanente en la víctima a cambio de dinero y genera el temor permanente de perder la vida. Por eso no se puede abandonar la lucha contra este flagelo y la población debe también enfrentarlas con valor y denunciar a los delincuentes para que las autoridades puedan acabar con esta práctica tan maligna.