De modo que el fuero político genera libre ejercicio de las convicciones políticas sin sujeción a juicios a posteriori. Esta figura jurídica fue incorporada por los distintos países de Latinoamérica de acuerdo a sus conflictos ideológicos internos y sus tradiciones constitucionales. No se trata de fueros personales para defender a delincuente comunes, sino que es un reaseguro hacia el Órgano Legislativo y el Ejecutivo para fortalecer su funcionamiento libre de presiones de los otros poderes y de los particulares que, mediante denuncias en fiscalía, podrían interferir, tal como ocurre con el lawfare (guerra jurídica).
Pero en el caso que nos ocupa, con respecto al antejuicio que ha solicitado muy atinadamente el Señor Fiscal contra el diputado Norman Quijano, en que le atribuye fraude electoral y agrupaciones ilícitas, denota que hay suficientes elementos de juicio, no solo para quitar el fuero político, sino para ser procesado como cualquier ciudadano que se le atribuye la comisión de un delito. Por lo tanto, sería menos costoso si el mismo diputado Quijano, renuncia al fuero, para que enfrente la justicia como lo hace Juan Pérez, cuando se roba una gallina o una caja de colores; de todas formas, el diputado se considera a sí mismo inocente.
Y ciertamente es así, dado que toda persona que se le atribuye un delito, tiene que ser tratada como inocente, hasta que no se le compruebe en un juicio su culpabilidad; sin embargo, la presunción de inocencia no opera en El Salvador como una contramedida a la culpabilidad, sino que los salvadoreños tendemos a condenar y hasta pedir la pena de muerte de toda persona que ha sido presentada en los medios de comunicación por la presunta participación de un delito. Esto mismo ha ocurrido con el diputado Quijano, donde él pide que se le trate como inocente, pero en realidad nunca han legislado en favor de la presunción de inocencia.
De tal suerte que el diputado Quijano, aunque goza de la presunción de inocencia, una buena parte de salvadoreños lo ha declarado culpable. Y esto es así, porque se hace difícil dejar de creer todo lo que narra el testigo criteriado “Noé”; tampoco se puede negar la contundencia del vídeo. En todo ello se deja entrever que hubo ofrecimiento de dinero hacia las pandillas; también se narra que el diputado Quijano les ofrece una disculpa a los pandilleros por haber dicho en un spot publicitario que no les daría tregua, donde les explica que eso era solo política; y por otro lado, hay una promesa de eliminar las medidas extraordinarias en penales.
De ser ciertos todos estos hechos que se les adjudican a políticos de izquierda y derecha, estaríamos frente a personas que, haciendo uso del poder público, pudieron haber pactado con la sangre del pueblo, lo cual en una democracia es muy grave, porque este delito trasciende el fraude electoral y se eleva a traición a la patria. De modo que era un deber patriótico del señor fiscal Raúl Melara, presentar requerimiento tal como lo hizo; sin embargo, queda esperar si presentará nuevos requerimientos de otras personas que han sido señaladas, entre ellas el famoso padre Toño, el exministro de Defensa David Munguía Payés, Mauricio Funes y dos funcionarios del actual gobierno, me refiero al director de la Reconstrucción del Tejido Social y al ministro de Gobernación; estos dos últimos fueron señalados en investigaciones policiales, de modo que no se quede fuera ningún personaje que haya tenido la osadía intercambiar la sangre del pueblo por unos miserables votos.