El gobierno de Nicaragua y la oposición no lograron ponerse de acuerdo este lunes en el procedimiento para liberar a centenares de detenidos por participar en las protestas antigubernamentales del año pasado, según fuentes opositoras.

"El gobierno rompió el consenso logrado" sobre una propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la nunciatura de la iglesia católica, sobre un calendario y la forma en que se van a liberar a los detenidos, dijo el delegado de la Alianza por la Justicia y la Democracia (ACJD), José Pallais.

La OEA y el nuncio Waldemar Sommertag, como testigos de las negociaciones, convocaron a ambas partes para exponerles una propuesta relacionada con el cumplimiento de acuerdos firmados el 29 de marzo sobre la liberación de detenidos y libertades ciudadanas.

Tras horas de trabajo y con la aceptación de ambas partes, la delegación de gobierno que preside el canciller Denis Moncada, solicitó tiempo para realizar consultas y "trajeron una contrapropuesta" que no es aceptada, dijo Pallais, al término de la reunión.

La delegación del gobierno ofreció que la liberación de los manifestantes detenidos "no fuera producto del consenso de la mesa sino una decisión unilateral", lo que la ACJD no aceptó.

Ambas partes continuarán el martes las negociaciones para "tratar de rescatar ese consenso que era positivo para todos", dijo Pallais.

El gobierno no se pronunció aún sobre lo sucedido en la reunión.

La ACJD ha acusado al gobierno de incumplir el acuerdo de liberar a todos los detenidos en un plazo máximo de 90 días, a partir del 20 de marzo y con la intervención del Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR).

Organismos humanitarios y familiares estiman en unos 800 manifestantes detenidos por participar en las protestas, pero el gobierno solo reconoce 350.

A partir del 27 de febrero cuando iniciaron las negociaciones con la oposición, 236 personas han sido excarceladas con régimen domiciliar u otras modalidades por decisión unilateral del gobierno.

Las negociaciones quedaron suspendidas el 3 de abril, tras concluir un plazo sin acuerdos en temas de justicia y democracia, éste último incluye el adelanto de elecciones del 2021, aunque el gobierno ha reiterado que ese tema no esta en discusión.

Las protestas estallaron el 18 de abril del año pasado contra una reforma a la seguridad social que derivaron en una demanda generalizada de la renuncia de Daniel Ortega, señalado por sus adversarios de actos de corrupción y de instaurar una dictadura.