Las críticas por la contratación fugaz de uno de los abogados del anterior Gobierno, y el presunto traslado de información confidencial de peticionarios de información hacia la actual Presidencia, dejaron muchas interrogantes sobre el rumbo que este Instituto está tomando, y sobre las implicaciones que su falta de independencia podría acarrear para la sociedad en su conjunto.
Ha sido gracias a las decisiones de este ente contralor, que la ciudadanía ha conocido la magnitud que en algunos casos han tenido el despilfarro y la arbitrariedad de algunos funcionarios. Sus resoluciones permitieron también que otras instituciones emprendieran casos por presunto enriquecimiento ilícito de expresidentes y otros exfuncionarios.
Las cosas no terminan allí. Debe ahondarse sobre lo ocurrido, determinar responsabilidades ulteriores e imponer medidas para el resguardo de información sensible.
Los principios que inspiraron la creación de este Instituto no son negociables y tampoco la transparencia pública.