El trágico suceso tuvo lugar el 20 de junio de 2023, cuando, según las autoridades, miembros de la pandilla Barrio 18 abrieron fuego contra 23 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y posteriormente incendiaron sus celdas, resultando en la muerte de otras 23 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), situada en Támara, a 25 km al norte de Tegucigalpa.
Las 15 pandilleras fueron halladas culpables "por su participación en calidad de coautoras de 46 delitos de asesinato", según el fallo de la Sala II del Tribunal de Sentencia en Criminalidad Organizada.
Además, enfrentan cargos por cuatro tentativas de asesinato, asociación para delinquir, incendio calificado y posesión de armas de fuego y municiones.
Una sobreviviente del ataque relató que las pandilleras del Barrio 18 dispararon contra las de la MS-13 y, en algunas celdas, rociaron gasolina y les prendieron fuego.
Este brutal episodio se inscribe en el contexto de la lucha por el control territorial para el tráfico de drogas y la extorsión entre estas dos pandillas rivales que han sembrado el terror en el norte de Centroamérica.
En diciembre de 2022, el gobierno hondureño implementó un estado de excepción que permite realizar arrestos sin orden judicial.
Según el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, esta medida contribuyó a reducir la tasa de homicidios de 34 por cada 100,000 habitantes en 2023 a 26.7 en el presente año.
Sin embargo, a pesar de este régimen de excepción, que busca replicar el modelo del presidente Nayib Bukele en El Salvador, las pandillas continúan ejerciendo su dominio a través de la violencia en Honduras.