Como decía uno de los mejores comediantes de El Salvador, don Aniceto Porsisoca, interpretado por el profesor Carlos Álvarez Pineda, en la segunda mitad del siglo XX, que una buena parte de políticos se movían empresarialmente en las “Movidas turbias Sociedad Anónima” (Motursa) y no era para menos dicha expresión, lo cual reflejaba el deterioro moral de la clase política, lo cual no dista mucho de la realidad actual, ya que no solo se han modernizado los malos políticos, sino que han aprendido a hacer las movidas turbias de forma profesional, de tal manera que de los accidentes ni las vendas guardan.
En ese sentido, se puede afirmar que en todos los estamentos del Estado, hay una excesiva contratación de parientes y amigos, comenzando por la Presidencia de la República, hasta los últimos casos de nepotismo en los que se ha visto involucrado un diputado del partido Gana, a quien se le señala de tener alrededor de 11 parientes trabajando en la Asamblea Legislativa, con salarios de ejecutivos que solo se puede aspirar si se tiene una especialización, hablar dos idiomas o poseer una maestría; aunque al parecer en el ambiente de los malos políticos eso no importa, sino únicamente ser pariente o amigo fiel de la causa.
De manera que, si se continúa investigando, se podría destapar toda la podredumbre que existe en los tres Órganos de Estado, y que ciertos partidos políticos lo han permitido de forma conjunta con aquellos malos políticos que han detentado el poder, los cuales se han encargado de tener en el oscurantismo todas esas plazas donde han salido favorecidos sus parientes y amigos, para no ser señalados de corruptos. Al mismo tiempo, blindaron su mal accionar con una Ley de Ética Gubernamental, que nació cholca, y sin poder coactivo.
En el contexto actual, de abusos de autoridad, de despilfarros de recursos públicos, de contrataciones de dedo, de contrataciones fantasmas, de asignación de bienes nacionales en favor de Ong, dirigida por la esposa de un diputado, bien se podría crear un proyecto de ley, que sea tan eficaz como para meter unos cuantos años a los transgresores, incluso bien podría aplicarse la pena de muerte tal como lo ha venido prometiendo aquel diputado para los pandilleros, dado que no hay ninguna diferencia entre un delincuente que mata porque no le pagan la renta, versus aquel político que es capaz de saquear el erario público.
Sigo creyendo que mientras los electores sigan viendo la paja ajena en el vecino y no hagan una autocrítica de los políticos corruptos de sus partidos, no se podrá depurar el Estado de aquellos funcionarios y empleados públicos que solo llegaron como oportunistas a recibir un salario de ejecutivo, y que en la mayoría de casos, no tienen las credenciales académicas, ni el perfil del puesto, pero por ser pariente o amigo del presidente, magistrado, diputado o ministro, fueron contratados en el Estado, en detrimento de miles de salvadoreños que no tienen la oportunidad de optar a un cargo público, por el pecado de no tener a un padrino. Y que, teniendo las credenciales académicas, han sido marginados de las diferentes dependencias del Estado; sin embargo, con el cambio de Gobierno, muchos salvadoreños pensaron que las cosas serían diferentes. Luego de siete meses de gestión del presidente Bukele, se han dado cuenta que, para trabajar con el Gobierno, no solo se necesita cuello con algún funcionario, sino que es una cadena de favores, es decir, un amigo que ingresó al gobierno con buen puesto, ese llevó a sus cheros y parientes, sin que éstos tengan las cualidades para el puesto, de modo que todo sigue igual para el pobre y desafortunado.