En el mundo real, la CEPAL advierte de los graves riesgos en esta coyuntura debido a la profunda paralización económica como efecto de la pandemia, consideración a la que deben sumarse los desaciertos gubernamentales sobre medidas sanitarias y económicas que generan incertidumbre y pérdida de capacidades productivas. Durante la crisis, cuatro países incrementaron sus exportaciones entre enero y mayo: Costa Rica 2%, Honduras 2%, Guatemala 3% y Nicaragua 14%; mientas El Salvador caímos a -24% y nuestra economía será la que más deterioro sufra por la caída del -8,6% del PIB.
Existe una fundada preocupación en la FAO y el PMA por una mayor vulnerabilidad y desigualdad de los sistemas alimentarios debido a la falta de seguridad nutricional que afecta en mayor medida a países como el nuestro. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) advierte de los graves problemas que se avecinan durante los próximos cuatro meses, sobre todo para la agricultura familiar y el abastecimiento agroalimentario: bajos ingresos de los productores, cierre de la economía, reducción de la demanda de los consumidores, incremento en los costos de producción y dificultades para la obtención de insumos.
La crisis de los productores agropecuarios se profundiza debido a la imposición de difusos y enredados protocolos sanitarios, sin acceso a capital financiero, con severas dificultades de transporte para movilizar sus productos y sin capacidad de almacenamiento; enfrentando dificultades por el cierre de los puntos de venta tradicional, empujados a merced de inescrupulosos revendedores empeñados en reventar a los consumidores ante la indiferencia o complicidad de las autoridades.
Durante esta crisis viral el gobierno se extravió en el laberinto de sus apasionadas peleas contra otros órganos de Estado, dejando de lado sus responsabilidades sobre los mecanismos de vigilancia y regulación de precios que favorezcan de manera equilibrada a productores y consumidores; mientras, el presidente Bukele se concentra en hacer campaña, en ese río revuelto, se favorecieron los voraces intermediarios al amparo de funcionarios ocupados por engordar sus propios negocios.
En la crisis se han perdido decenas de miles de empleos y no hay certeza de planes de reapertura económica. FUDECEN estima que en el corto plazo se podrían perder 240,800 empleos. Hasta julio las AFP registran la pérdida de 65,731 cotizantes. En estas condiciones se esperarían estrategias y planes gubernamentales encaminados a resolver la seguridad alimentaria y nutricional del país, y de estrategias de reactivación económica. El Ministerio de Agricultura, en coordinación con las municipalidades, además de estimular y apoyar a los productores agropecuarios perfectamente podría organizar mercados rodantes que les acerquen a los consumidores, bajo protocolos de seguridad.
Muy lejos de eso, la política de gobierno ha sido -presuntamente- favorecer los negocios de la argolla gubernamental, tal como recientemente denunció la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO). El ministro de agricultura prefirió comprar en Sinaloa, México, 50,000 toneladas métricas de maíz a $320.00 cada una ($16 millones de dólares en total), cuando en El Salvador se podían comprar a $264.56, ahorrándonos 2.8 millones de dólares, beneficiando así a nuestros productores. Este año la cosecha de maíz se estima en 21 millones de toneladas para un consumo de 18 millones. También el ministro prefirió comprar 190 toneladas de leche en polvo en México, cuando perfectamente se podía comprar a productores nacionales.
Son muchas las dudas y cuentas que debe esclarecer el ministro de agricultura ante la Asamblea Legislativa y la opinión pública sobre el uso de $ 23,483,652 millones de dólares de transferencias entre carteras del Ejecutivo, sin aval legislativo. Pero son más las preguntas que deben responder a los productores y consumidores él y un presidente que alardea de conocer cada entresijo de su gabinete, pareciendo que consiente cada irregularidad que pasa.