Pese a vislumbrarse esos negros nubarrones, todo indica que nuestros dirigentes políticos están más preocupados por obtener altas cuotas de poder en próximos eventos electorales como los señalados para el 2021, precisamente el año que el mundo habrá entrado de lleno en la recesión anunciada y cuyos funestos asomos comienzan a vislumbrarse con el pugilato económico entre los Estados Unidos y la República Popular China. Por ejemplo, solo veamos las terribles experiencias que han sucedido a la vuelta de nuestra esquina continental: los graves desórdenes acaecidos en Ecuador, Perú y Chile, con lamentables pérdidas en vidas y bienes, cuya motivación fue eminentemente económica, pero donde también han intervenido otras fuerzas oscuras que encienden hogueras ideológicas y partidarias, como las que aquí se quieren atizar de nuevo. Incluso es interesante analizar el descalabro que viven los mexicanos, tras los ataques a la fuerza militar y contra la población civil de Culiacán, realizados por bandas criminales fuertemente armadas, en cuyo trasfondo se mira la sombra gris de la economía audaz y perversa que mantiene activa a la organización ilegal que comercia diversos estupefacientes. Un negro sendero que no deseamos recorra nuestra Centroamérica, aunque ya tenemos a un presidente vecino, señalado por la justicia estadounidense de mantener esos reprochables nexos.
Retornando al tema de hoy: si bien hay tres órganos del gobierno de la república que, doctrinaria y constitucionalmente ejercen el poder público en forma independiente e indelegable, dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, ello no los inhibe de “colaborar entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”. Pareciera que tanto los diputados, así como los ministros y otros funcionarios del órgano ejecutivo, no han leído siquiera de paso, lo que señala el Art. 86 de nuestra Carta Fundamental. La nave del Estado, donde vamos todos a bordo, tiene y debe ser manejada por esos tres fuertes timoneles, cuyo único capitán autorizado para dirigirlos se llama pueblo salvadoreño y lo dice el artículo en mención en su último inciso: “Los funcionarios del Gobierno, son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”. Este mandato no necesita de mayores explicaciones, pues hasta el más sencillo de nuestros conciudadanos lo entiende de primas a primeras. Eso abarca desde el presidente de la República con sus ministros, hasta el presidente de la Asamblea Legislativa y diputados, incluyendo también al presidente de la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados. Sobre esta base es que reiteramos el llamado patriótico de que cesen esas luchas y confrontaciones entre unos y otros. Lo que debe interesarnos es encontrar soluciones viables y consensuadas a los mil y un problemas que afronta nuestra población a diario. Es la principal misión gubernamental y no estar echando barro hediondo para ver quién se desliza primero. Volvemos a insistir: oigan la voz de la experiencia que nos ofrece el libro de la historia.