El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea un total de $6,733.2 millones para cubrir las necesidades de 2019; sin embargo, solo fueron aprobados $6,713.2 millones.
Para cubrir los gastos, el Gobierno solicitó la emisión de títulos valores por $1,407 millones, de los cuales $800 millones servirían para pagar una deuda histórica en bonos que vence en diciembre de este año; y otros $607 millones para cubrir el pago de salarios y funcionamiento del Estado.
La Asamblea, sin embargo, solo autorizó emitir $1,297 millones, $110 millones menos de lo previsto por Hacienda. Esta decisión de los diputados, según Fuentes, implicó esfuerzos adicionales por parte del Ejecutivo para reorientar gastos.
“Se les bajó $100 millones al presupuesto de 2019 y eso no lo hizo el ministro de Hacienda, lo hizo la Asamblea Legislativa porque ellos tienen la potestad de disminuir el presupuesto y así fue como se aprueba el presupuesto”, aseguró el titular de Hacienda.
De acuerdo con Fuentes, los diputados recortaron $100 millones al presupuesto y le dijeron al Gobierno: “Ahí vean de dónde lo sacan”.
“¿Por qué hemos tenido que ir de seis a siete veces a la Asamblea este año? Porque ha habido necesidad de ir a hacer esos refuerzos presupuestarios de aquello que quedó disminuido en el presupuesto”, revela el ministro.
Este desfinanciamiento sale a la luz, luego de que el Gobierno haya solicitado, el 19 de noviembre pasado, $14 millones para alimentación de reos, de un total de $21.1 millones “impostergables” para sufragar gastos del último trimestre de 2019.
Hacienda anunció que honrará el pago de $829 millones de deuda histórica en bonos el próximo lunes. / Cortesía
“Nunca tuvieron valor”
La comisionada presidencial para Operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, sostuvo que entre las carteras con déficit está Centros Penales, dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que necesitaba $81 millones para funcionar, pero solo recibió $48 millones.
Según Recinos, el desfinanciamiento responde a la subestimación de gastos en la administración pasada. “El gobierno anterior dejó a la mitad el presupuesto de Centros Penales (...) ¿Saben por qué pasa eso? Porque nunca tuvieron valor de presupuestar todo lo que en realidad iban a gastar”, indicó.
El déficit de 2019 salió a la luz después que el Gobierno solicitara la reorientación de $21.1 millones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para cubrir la brecha de financiamiento en Centros Penales y para la Policía Nacional Civil (PNC).
“El Gobierno y Hacienda no administra un dólar de las pensiones (...) El dinero de las pensiones lo administra el Fideicomiso que está en Bandesal (Banco de Desarrollo de El Salvador). Hacienda lo complementa para pagar los intereses y amortizaciones que se tienen que pagar año con año. No estamos tocando dinero de pensiones”, aseguró la comisionada presidencial.
De acuerdo a la ley del FOP, este tiene por objeto atender obligaciones del sistema previsional, a través de la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP), instrumentos de deuda que adquieren las AFP y deben ser honrados por el Gobierno.