Este primer mes se caracterizó tanto por su intolerancia a la crítica como por el impulso de una agresiva campaña de despidos injustificados, sin evaluación de capacidades o desempeño, sin un debido proceso, con un fuerte sesgo de persecución política, violando postulados constitucionales, así como el artículo 277 del Código Electoral que prohíbe el despido o desmejoramiento de trabajadores por su participación en política partidista.
Se desconocen estudios técnicos que soporten la reestructuración gubernamental planteada -ignorándose sus verdaderos motivos y alcances- y cuyo único sustento parece ser un tuit del presidente: “no puede ser que nos esté costando más de $1,000 millones al año (la militancia del FMLN)”. Parece desconocedor que esa cifra alcanzaría el 53 % del presupuesto de remuneraciones y que la campaña de odio lanzada producirá mayor tensión y zozobra en trabajadores públicos ante la posibilidad de inestabilidad, alcanzando incluso a sus propios electores.
La política exterior, la de integración y la relativa a los salvadoreños en el exterior, son simplemente vergonzosas: carece de autonomía, está supeditada a los designios del presidente Trump, ya lo vimos ante la OEA, y es distante de los intereses del pueblo salvadoreño y sus migrantes. La ausencia del presidente en la asunción de la presidencia pro-tempore del SICA evidenció falta de liderazgo, así como carencia de propuestas; tampoco hay explicación válida de la ruptura de vínculos diplomáticas con la República Árabe Saharaui, nación con la que por treinta años El Salvador tuvo relaciones cordiales; la pretensión de alcanzar un escaño en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue un fracaso estrepitoso; y la inexistencia de una postura enérgica y comprometida en la defensa de nuestros migrantes, como se evidenció ante la trágica muerte de la bebé Valeria y su padre.
Este doloroso episodio que ha conmovido a nuestra sociedad y al mundo, amerita una fuerte protesta, es el símbolo de la política discriminatoria del presidente Trump y de la bajeza a la que puede llegarse cuando la comunicación institucional se convierte en un producto comercial.
En cuanto a la política económica gubernamental visibiliza notables acercamientos con grupos empresariales extranjeros de gran calado. También se aprecia su cercanía y empeño con poderosas fuerzas económicas locales –satanizados en innumerables ocasiones en sus discursos políticos de campaña-. Estos esfuerzos debidamente orientados, al final, pueden beneficiar al país con mayor crecimiento, resguardando la proporción y atención que merecen las Mipymes y el extendido sector informal; sin embargo, hasta hoy son desconocidos los trazos de su plan económico, ni las medidas y acciones que conducirán mágicamente a la oferta realizada de desarrollo y generación de empleos.
En la política social destacan las promesas a las familias de las víctimas de la masacre del Mozote. Aún falta que muestre lineamientos sobre cómo pretende ampliar y profundizar los programas sociales; pues lo visible es la disolución de la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría Técnica y de Planificación y la futura conversión del FISDL en ministerio, instancias fundamentales en la ejecución de programas para superar la extrema pobreza. Esa reorganización hace difusos los tiempos para cumplir los programas existentes y puede generar un severo estancamiento y más pobreza este año.
En planes y estrategia de seguridad pública el presidente Bukele carece de rumbo; su política es improvisada y simple ante problemas complejos, tal como lo expresara en su reciente visita la Directora para América Latina de Amnistía Internacional, Sra. Erika Guevara-Rosas, que refirió: “una iniciativa de gobierno sin la participación de la sociedad civil pierde credibilidad y potencial de alcanzar un impacto real”, en clara referencia al difuso “Plan de Control Territorial” que parece traducirse en un Plan Mega Mano Dura y que más parece parte de una puesta en escena sin acciones interinstitucionales integradas que aborden la prevención, reinserción y el fortalecimiento institucional. A esto hay que sumarle que se ha negado a convocar al Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el más amplio espacio de participación logrado en el país.
De corazón quisiera que le fuera bien a El Salvador, pero desafortunadamente las señales de este primer mes apuntan a una excesiva espectacularización de la política y a una exacerbada “cherocracia” (nepotismo, según la RAE), sin un abordaje integral de lo que nuestra sociedad necesita.