Walter Albán, exprocurador de Derechos Humanos del Perú


El exdefensor del pueblo del Perú, Walter Albán, cree que en una elección de un procurador o defensor del pueblo debe indagarse la trayectoria personal y profesional de los candidatos. Señala que es inverosímil que en un proceso de evaluación de aspirantes se concluya que todos son idóneos.

 

En El Salvador, la elección de un procurador para la defensa de los derechos humanos, suele tener menos notoriedad. ¿Qué importancia tiene la elección de un procurador en un país?

Debiera tener la mayor importancia porque se trata de una autoridad distinta, tiene particularidades que han hecho que esta institución se haya consolidado, no obstante que es reciente en la región latinoamericana, en la mayor parte de nuestros países, el ombudsman, en el Perú se llama Defensor del Pueblo como en Colombia, pero en Centroamérica, más allá de Costa Rica que es Defensor de los Habitantes, que se llama procuradores de derechos humanos. Se quiere hacer énfasis en que la tarea central de quienes ocupan esta función sea proteger y promover los derechos fundamentales. Está pensada con un tipo de autoridad distinto, no quien obliga, sino como una autoridad de orden moral, es su palabra, la confianza que genera, la que le da valor a los pronunciamientos, recomendaciones, resultados de la investigación.

La procuradora salvadoreña dijo en un inicio que no defendería a los delincuentes sino a la población, aunque una de las funciones según la Constitución es vigilar el trato a privados de libertad. ¿Cuáles deben ser las características de un procurador?

Se trata de una autoridad que debe generar confianza, su poder no es el tradicional, no es coercitivo, sino más bien una autoridad que basa su actuación en el respeto que merece su conducta, por tratarse de una persona con gran sentido ético, muy comprometida con los valores democráticos. Yo tengo la impresión de que a la hora de seleccionar hay que tener muchísimo cuidado, por decirle, que se trate de alguien que no tenga ningún cuestionamiento, al contrario, un reconocimiento que se trate de alguien que ha sabido ganarse imagen, respeto, confianza. Por otro lado, el defensor o el procurador de derechos humanos tiene que defender a la persona frente al aparato del Estado, con una característica muy importante, la defensa de las personas privadas de libertad, no se puede hacer distingos ni discriminaciones porque todos tenemos derechos. En el Perú tuvimos un episodio de violencia lamentable durante la década de los setentas, ochentas, promovían la lucha armada y hacían terrorismo, Sendero Luminoso, dejaron una huella muy dolorosa, y hubo una reacción del Estado que fue en su momento censurable, de atropello de derechos humanos, hizo que mucha gente perdiera su libertad. El defensor del pueblo se estableció en 1996, don Jorge Santistevan de Noriega, la primera preocupación que tuvo fue crear un mecanismo para que se revisaran estas sentencias, él consiguió un consenso, incluso con el gobierno del señor Alberto Fujimori, que era un gobierno autoritario, con el Parlamento, la Fuerza Armada, la Policía, la sociedad civil, para revisar una fórmula que permitiera recuperar su libertad a todas esas personas.

 

Es necesario que esta persona no tenga ningún cuestionamiento. ¿Cómo se puede medir la moralidad de un procurador?, en el país se solicitan constancias de ausencias de condenas de instituciones.

Son criterios formales e insuficientes para poder tener la certeza que estamos frente a una persona sin cuestionamientos, por eso, me parece que no se puede basar en ese tipo de criterios, pueden mantenerse, pero hay que agregar otros. No creo, por ejemplo, que la condena sea una exigencia necesaria para una suerte de filtro. Si hay proceso en los cuales ha sido suficiente para demostrar responsabilidad, esas personas no deberían acceder sobre todo si los delitos tuvieran que ver con hechos graves, delitos contra la vida, la salud y el patrimonio de la nación, corrupción o de violencia familiar, doméstica, violaciones. De ninguna manera pudieran postular quienes están siendo procesados, no me refiero a investigaciones indagatorias. Es importante examinar el pasado personal y profesional. Sería una buena regla que las postulaciones no sean individuales sino impulsadas por organizaciones de la sociedad civil que sustenten por qué proponen a la persona. Lo otro que es tan importante es que la elección sea un proceso abierto, transparente, y se abra un plazo para que puedan formular eventuales tachas.

 

¿Cree usted que el órgano legislativo debiera construir un mecanismo objetivo de tal forma que el mejor calificado sea electo, o se puede decir que todos los que se postularon pueden ser electos?

Yo creo que eso es más bien una manera de aniquilar el procedimiento, pero acrecentando los riesgos de una mala elección, por decirlo, una cuestión objetiva, me parece inverosímil que todos los que postulan al cargo puedan ser calificados a priori como idóneos, no, el trabajo hay que hacerlo, no se puede de ninguna manera evadir. Por supuesto que debiera haber una ley y, es más, la Constitución misma sería bueno que estableciera un mínimo de votos para asegurar que no sea una persona que responda a ciertas simpatías políticas.

 

 

Perfil

Walter Jorge Albán Peralta, fue “Defensor del Pueblo” del Perú de 2000 a 2005; y fue Primer Adjunto al Defensor del Pueblo de 1996 a 2000.

Albán recuerda que a la gestión del primer Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, le tocó bregar con un gobierno autoritario, de Alberto Fujimori, que copó todas las instituciones del Estado valiéndose de corrupción y violaciones a los derechos humanos. “La Defensoría rápidamente se convirtió en un valuarte para la democracia y la defensa de los derechos humanos en el país”, dice. Ello, sostiene, le valió un reconocimiento que se mantiene, aunque sea una institución pequeña sin poder coercitivo, señala, tiene confianza y superioridad moral.