El entusiasmo por la llegada de un nuevo gobierno diferente a los tradicionales que regularon la vida nacional de nuestro querido El Salvador a partir de la declaratoria de la independencia, y que últimamente se tipificaron como de derecha o de izquierda, y más específicamente como ARENA o FMLN, ha motivado a que algunos grupos políticos se ilusionen en instalar en nuestro medio lo que se conoció en la vecina Guatemala como la CICIG, o sea, una Comisión Investigadora contra la Corrupción y la Impunidad, que en el vecino país logró resultados positivos, al obtener la destitución del presidente y la vicepresidente del país, a quienes se les demostró irregularidades en el ejercicio de sus respectivas administraciones.

A pesar de los altibajos que el accionar de la CICIG produjo, dentro de la población nació un entusiasmo que, por momentos, pareciera que se desbordaba, y amenazaba con llegar a extremos peligrosos, que trajeron consecuencias delicadas y asperezas entre las entidades internacionales promotoras de las entidades investigadoras, y el nuevo gobierno surgido para sustituir a los funcionarios corruptos caídos. Muy bien por el funcionamiento de la CICIG.

En nuestro país, y a consecuencia –como decíamos al principio- de lo ocurrido en Guatemala, ya ha surgido –y con fuerza- la idea de instaurar una CICIES, promovida por la ONU y la OEA, pero como organismos poderosos, que desde ya, reclaman, prebendas y posiciones de “intocables” que les permitan, “hacer y deshacer” sin límites ni respetos a leyes ni autoridades nacionales, según hemos podido leer en despachos noticiosos de diferentes medios.

Esta coyuntura mediática no es de ahora, porque en cualquier lugar a donde se desplace un funcionario de organismos internacionales, pretende en muchas ocasiones, ir más allá de hacer valer las acreditaciones que por ley se merece, pero descuidando el hecho de que el estado que visita, no deja de ser, por naturaleza, y por disposición legal, un ESTADO SOBERANO, y como tal merece RESPETO. Para nuestro caso, el art. 83 de la Constitución Política lo declara: El Salvador es un ESTADO SOBERANO. Eso significa que, lo quieran o no, les guste o no, cualquier comisión de cualquier nivel, o cualquier funcionario representante de cualquier organismo, nacional o internacional, tiene la obligación de respetar nuestras leyes, aunque nuestras autoridades tengan la obligación de concederles respeto y demás consideraciones. En todo caso, sostenemos que la función de una CICIES, se limita a colaborar, o coasistir con los organismos encargados por las leyes salvadoreñas para investigar y prevenir los delitos, tales como: la Fiscalía, o la PNC, pero bajo ninguna circunstancia, sustituir a éstas en sus esenciales funciones, como sugieren algunas agencias noticiosas, de allanar, o secuestrar evidencias.

Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, estas comisiones, tienen obligación de respetar nuestras leyes, y especialmente los derechos universales de la humanidad, como los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la vida, a la libre circulación, y otros.

Las Naciones Unidas ni la Organización de Estados Americanos son dueñas de los países miembros, sino al contrario, son servidores o si se quiere mandatarios de ellos, y están para servirlos, no para servirse de ellos. En países donde los gobiernos abusan del pueblo, es donde estos poderosos deberían influir, pero pocas veces lo hacen. Con todo respeto los salvadoreños les decimos, bienvenidas a todas las CICIES que quieran venir, pero con el mismo temple les exigimos les pedimos nos respeten nuestras instituciones y nuestra soberanía, y especialmente al soberano, el pueblo salvadoreño, con sus deficiencias, errores e imperfecciones, y si se quiere con nuestro limitado nivel cultural, pero al fin y al cabo, soberano, y debe respetársele.

Bienvenidas las CICIES, pero con todas las de la ley, sin prepotencias ni ostentaciones indebidas. El Salvador ofrece respeto a sus visitantes y colaboradores y lo mismo pide a quienes nos visitan.