El acuerdo incluiría medidas para reducir la deuda y gasto. / DEM


El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, confirmó ayer que El Salvador negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por hasta $1,300 millones, capital que le permitirá ordenar las finanzas públicas afectadas por una creciente deuda y del impacto de la pandemia del covid-19 en la economía.

Las negociaciones se centran en un crédito con un plazo de 36 meses y al amparo de un programa de facilidad de Servicio Ampliado del Fondo (conocido como SAF), similar al que esta semana aprobó el directorio del Fondo para Costa Rica.

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“Con el FMI tienes dos opciones: firmar un acuerdo Stand-By o un IFF (SAF, en español) un acuerdo de facilidad extendida…Vos podés decidir cuál de los dos. Ahora, un acuerdo Stand-By es más restrictivo en los primeros años, un IFF te genera una curva de prepago muchísimo más larga y un período de pago un poco más largo. El Salvador lo que necesita es un acuerdo IFF, no un Stand-By”, dijo el funcionario.

Con esta declaración se anticipa que las condiciones del acuerdo sean similares al autorizado el lunes al gobierno costarricense, el cual tiene una tasa de 2.050 %, un plazo de hasta 10 años y un período de gracia de hasta cuatro años.

Sobre si es conveniente o no. Es una decisión soberana de El Salvador. No me corresponde a mí dar un juicio sobre si un país debe o no tener un programa”, Óscar Avalle, Representante del Banco Mundial



¿Desde cuándo?


Zelaya reiteró que las negociaciones están en marcha y que espera dar detalles en conjunto, Hacienda y el Fondo, sobre el avance de las mismas, pero no se comprometió a dar un plazo para la entrada en vigor del acuerdo. Sin embargo, dejó entrever que su aval es vital para sostener las finanzas públicas y apuntalar la etapa de recuperación y que este podría iniciarse incluso este año.

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“Necesitamos el acompañamiento del FMI para apalancar las brechas tributarias de 2021, 2022 y 2023, que están dentro del acuerdo”, dijo el funcionario que reveló que las brechas solo para el presupuesto de 2021 rondan los $500 millones.

Zelaya dijo que la cifra de los $1,300 millones a los que aspira surge del cupo máximo al que puede optar el país como parte de las naciones con aportes al organismo. “En este caso podríamos obtener 435 % de la cuota de El Salvador”, dijo el ministro. Reconoció que un acuerdo de este tipo rondaría entre los $1,200 millones y los $1,300 millones, fondos que serían repartido en un período de tres años.

Sin acuerdo no hay financiamiento y sin financiamiento no hay obras. No hay computadoras, renovación de los hospitales, no hay implementos”, Alejandro Zelaya, Ministro de Hacienda



Fuentes consultadas por El Mundo habían anticipado -desde finales de 2020- que el Gobierno salvadoreño se había comprometido con los multilaterales y los inversionistas a realizar un ajuste fiscal amarrado a un acuerdo con el FMI después de las elecciones del 28 de febrero, un ajuste que ahora se ve facilitado por la victoria electoral del partido oficialista Nuevas Ideas que tendría unos 56 votos asegurados en la Asamblea.

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Por varios años, el FMI ha recomendado a El Salvador un cóctel de medidas fiscales para para incrementar sus ingresos y reducir sus gastos en un ajuste fiscal de 3 % en un período de tres años.

En su informe de abril de 2020 -correspondiente a la aprobación de un crédito de $389 millones-, el Fondo le recomendó a la administración de Nayib Bukele aumentar el impuesto especial para las gasolinas y el diésel aprovechando que en ese momento se había reducido el precio, además de sugerirle que establezca el impuesto a la propiedad y un incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

También ha recomendado reducir el gasto por el lado de las remuneraciones a través del congelamiento de contrataciones, jubilación anticipada de empleados y concentrar adquisiciones de ministerios e instituciones.

¿Subirá impuestos?


Zelaya indicó ayer que en el acuerdo en negociación no contempla aumentos de impuestos. El funcionario destacó que en su lugar buscan echar mano de la efectividad del combate a la evasión, la elusión y el contrabando. Aunque también se valorarían nuevos mecanismos como la puesta en marcha de la factura electrónica.

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En el caso de Costa Rica, el anuncio inicial implicaba un ajuste severo que fue rechazado por incluir un alza del IVA y despidos en el aparato estatal, elementos que fueron finalmente eliminados, pero se incluyó la creación del impuesto a los artículos suntuosos.

Estamos preparando un paquete de reformas y nuevas leyes que estamos seguros serán catalizadoras del comercio y la inversión”, María Luisa Hayem, Ministra de Economía



La ministra de Economía, María Luisa Hayem, dijo que, en paralelo al plan de ajuste fiscal, se pondrá en marcha varios cuerpos legales a partir del 1 de mayo (cuando se instale la nueva Asamblea), los cuales tienen como objetivo mejorar la competitividad y agilizar trámites para hacer más atractivo el país para la llegada de nuevas inversiones o de refuerzos de las que ya están en operación en el territorio.

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Economías en busca de un salvavidas con el organismo multilateral


Argentina, Costa Rica y Ecuador han firmado acuerdos como último recurso para mejorar sus complicadas situaciones financieras. Así es el panorama de los tres países:

  • Costa Rica: El gobierno inicialmente buscó un acuerdo Stand-by, pero una ola de protestas de sindicatos y organizaciones civiles truncaron la opción. Las negociaciones se encaminaron hacia un Servicio Ampliado que se firmó el 1 de marzo y que le da acceso a $1,778 millones. El ajuste no incluye despidos de empleados públicos ni aumento de IVA, pero sí la creación de impuestos específicos.


 

  • Ecuador: En septiembre, el FMI aprobó un Servicio Ampliado por $6,500 millones para Ecuador. El Fondo dijo que en el corto plazo, las autoridades implementarán “reformas clave” para mejorar la lucha contra la corrupción y reforzar la autonomía del Banco Central. La economía está dolarizada desde 2000 y fue golpeada por la caída del precio del petróleo.


 

  • Argentina: El país suramericano, una de las economías más grandes de Latinoamérica, ha tenido una relación tormentosa con el FMI al que tiene que acudir para hacer frente al pago de una deuda de $45,000 millones. La opción es una Facilidad Extendida que difiere del Stand-By a 36 meses que el país negoció en 2018 con el gobierno de Mauricio Macri por $57,000 millones, un monto récord para el multilateral.



Hacienda aplicará ley de responsabilidad fiscal hasta 2022


La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) no sería retomada en 2021, confirmó ayer el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

El funcionario reconoció la necesidad de mantener estas medidas, pero dijo que la pandemia obligó al mundo a relajarlas.

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La LRF obliga al país a reducir en un punto porcentual cada año el déficit fiscal, pero señaló que otros países como Colombia o Panamá con esquemas similares se vieron obligados a ponerla en pausa.

En el caso salvadoreño, sumó el ministro, se podría adoptar de nuevo desde inicios de 2022 por que “el presupuesto de este año ya fue elaborado”.