La Fundación Nacional para el Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional, cree que el Estado salvadoreño “ha mostrado señales de retroceso” para garantizar el Derecho al Acceso a la Información Pública (DAIP) a todos los salvadoreños.
“Los tres órganos de poder han impulsado o permitido acciones que constituyen amenazas a la transparencia, la rendición de cuentas y contraloría social”, advirtió.
Señala que el Ejecutivo y sus dependencias se han resistido a entregar información pública solicitada por ciudadanos, acudiendo a la Cámara de lo Contencioso Administrativo para dilatar la entrega de información sobre: construcción del Hotel Estancia Militar, funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado y viajes del director de Centros Penales.
La Funde añade que el Ejecutivo ha despedido oficiales de información pública y no descarta que sea una estrategia para controlar qué información debe ser o no conocida por la ciudadanía.
En segundo lugar, señala al Órgano Judicial por su resistencia a entregar los informes sobre presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos acudiendo a la Sala de lo Constitucional y a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
En tercer lugar, la Funde advierte que la Asamblea Legislativa tiene un claro desinterés en la transparencia, ya que su Oficina de Información Pública tiene serias dificultades en su funcionamiento y el personal no ha podido evacuar las 10 solicitudes semanales que recibe.