El Salvador es el tercero de mayor riesgo en América Latina y el segundo de Centroamérica. /DEM


El Salvador sigue colocándose como el de mayor riesgo soberano en Centroamérica, según el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI).

El EMBI es calculado por la financiera estadounidense J.P. Morgan basado en el comportamiento de la deuda externa emitida en mercados emergentes. Mientras menos certeza se tenga que el país honrará sus obligaciones, más alto será el EMBI de ese país.

Este indicador es la diferencia, conocida como spread, entre las tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los bonos colocados por Estados Unidos que son considerados “libres de riesgo”.

Antes de la pandemia, la cota del EMBI para El Salvador era inferior a 4 % e incluso Costa Rica tenía el perfil de mayor riesgo con hasta 4.44 % para el 10 de febrero de 2020.

En la medida que la pandemia se endurecía, el riesgo soberano para los mercados emergentes se elevó y en el caso de El Salvador llegó a tocar picos de hasta 10.3 %. Significa que, si salía a emitir deuda en esa época, podría agenciarse tasas de interés superiores a los 12 %.

El Salvador sigue en la peor posición.


A medida se levantaba el confinamiento, el EMBI comenzó a reducirse para los mercados emergentes, pero no fue el caso para El Salvador que sigue con la peor posición de Centroamérica.

El EMBI actualizado al 12 de enero de 2021 indica que el EMBI para El Salvador es de 7.55 %.

El EMBI de Costa Rica, país con un perfil fiscal similar a El Salvador, es de 6 %. Guatemala es de 2.32 %, Honduras de 2.78 % y Panamá de 1.56 %.

“Son países que manejan la política fiscal con bastante cautela”, destacó el economista Luis Membreño, al explicar que los mercados internacionales observan que son economías que tienen que endeudarse por la emergencia del covid-19 pero que lo hacen con mesura. “Eso genera un menor riesgo de impago para el futuro”, indicó.

El Salvador cerraría en 2020 con el déficit fiscal histórico que podría alcanzar el 12 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que al deuda pública superaría el 90 % del PIB.

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