El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se reunió este viernes con Corinne Vargha, directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, para rendir un informe sobre el trabajo del Gobierno en materia laboral. La OIT expresó su preocupación por las restricciones a la libertad sindical.


El Salvador fue incluido una vez más en la lista de países que violan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en esta ocasión, por atentar contra los principios de negociación colectiva y la libertad sindical.

De acuerdo al Informe 2020 de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios, que se conocerá el próximo 3 de junio en la 109 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza; El Salvador acumula ocho años en el listado de países que están en "falta de sumisión grave" por irrespetar los convenios de la OIT.

Este año, el Estado salvadoreño vuelve a ser señalado debido a incumplimientos al convenio 87, relativo a la libertad sindical; al 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva; y el 144 respecto a la consulta tripartita.

La Comisión de Expertos de la OIT expresó su preocupación ante los ataques del Gobierno en contra de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y pidió un informe detallado sobre las denuncias que recibió en 2020 sobre el desconocimiento a Javier Simán, presidente de la gremial desde abril de 2020.

El 13 de octubre de 2020, la ANEP y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) remitieron observaciones a la OIT denunciando que el presidente de la República, Nayib Bukele, y altos funcionarios del Ejecutivo, "han venido desconociendo, difamando e intimidando" al nuevo presidente de la ANEP.

En su carta, las instituciones aseguran que el Gobierno ha prohibido a sus funcionarios sentarse a dialogar con la ANEP, que ha sido denigrada públicamente a pesar de ser la organización más representativa del sector de empleadores.
(Estas acciones) están fomentando el repudio de su Presidente por parte de la ciudadanía, en violación del Convenio y de las más fundamentales libertades civiles. La Comisión expresa su preocupación ante estos graves alegatos y pide al Gobierno que transmita sus observaciones al respecto". Comisión de Expertos de la OIT, Informe 2021.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se reunió este mismo viernes con la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Corinne Vargha, y la jefa del Servicio de la Libertad Sindical, Karen Curtis, para rendir un informe de las acciones que implementa el Gobierno.



El Salvador deberá rendir un informe oficial ante la Comisión de Aplicación de Normas, que sesionará entre el 3 y el 19 de junio, en el marco de la Conferencia anual de la OIT.

En la lista negra desde hace ocho años.


El Salvador figura en la “lista negra” de la OIT desde 2013, hace ocho años. Su primera aparición en esta lista responde a que en 2013 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) no aceptó a los representantes elegidos por el sector trabajador para el Consejo Superior del Trabajo (CST), la máxima autoridad en materia laboral compuesto por representación del Gobierno, trabajadores y empleadores.

En los siguientes años, la OIT ordenó a El Salvador instalar el CST pero no se alcanzó acuerdo hasta que las nuevas autoridades del MTPS, presidida por Rolando Castro, se comprometió en 2019 a instalar la instancia en la reunión anual de la OIT realizada en Ginebra, Suiza.

En septiembre de2019, seis años después del rompimiento del diálogo, se juramentó al nuevo CST con la representación por parte del sector privado de Luis Cardenal, como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

En 2020, Javier Simán asumió las riendas de la Junta Directiva de ANEP y, pese a que en un inicio se mantuvo relación con el Gobierno, en mayo del año pasado Nayib Bukele desconoció a Simán como presidente de la gremial y ordenó a sus funcionarios no tener diálogo.

ENTÉRESE: Bukele desconoce a Javier Simán como representante de la ANEP

Desde entonces no se han tenido sesiones en el CST porque el Ministerio de Trabajo no reconoce a Simán como el representante del sector empleador, aseguró Waldo Jiménez, gerente económico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y quien por años ha representado a la parte empleadora ante la OIT.
Ya tenemos más de un año que no sesiona y todo los temas tripartidos, el diálogo social, están interrumpidos porque (Bukele) decide con quién se reúne para hacer diálogo social. Son los empleadores los que deciden quién les presenta y son las organizaciones empresariales quienes han decidido quién es el presidente”, explicó Waldo Jiménez.

El ejecutivo indicó que la ANEP notificó al Gobierno que Cardenal dejó ser presidente de ANEP y vicepresidente de los empleadores en el CST, y que estos cargos serían asumidos por Javier Simán. “Hemos enviado en más de alguna ocasión correspondencia pidiéndole al Gobierno que se reinstale el Consejo porque hay temas importantes que requieren diálogo, más en tiempos de pandemia”, sumó.

Jiménez recordó que, además de la ANEP, otras gremiales que también tienen representación en el CST han cambiado de juntas directivas, como la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) que en 2019 era dirigida por Giuseppe Angelucci y ahora es presidida por Luis Dada; al igual que Javier Steiner dejó de ser presidente de la Cámara de Comercio eIndustria de El Salvador (Camarasal) y el cargo es desempeñado por Jorge Hasbún.

El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, presentará su defensa en la Comisión de Normas de la OIT la próxima semana en la reunión anual de la agencia de Naciones Unidas. Las conclusiones, sin embargo, se conocerán hasta el 19 de junio.

Violencia y restricciones.


La Comisión de Expertos también pidió al Estado salvadoreño que investigue el asesinato de Victoriano Abel Vega, un lider sindical asesinado en 2010, que continúa en la impunidad.

Según explicó el Gobierno a la OIT, periódicamente exige a la Fiscalía General de la República "agilizar la investigación" y "castigar a los culpables" de perpetrar el asesinato; que, según la línea de investigación más sólida, habría sucedido por error de parte de un grupo de pandilleros.

El Comité de Libertad Sindical también señaló a El Salvador por no incluir las reformas necesarias para asegurar "el pleno respeto al derecho de sindicación", específicamente para el personal de la Dirección General de Centros Penales. Según los convenios de la OIT suscritos por El Salvador, no se puede restringir a ningún sextor laboral a sindicalizarse, con excepción de la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas.