Al mismo tiempo, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación ha llamado a la elección de un miembro del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), otra institución clave en la transparencia gubernamental y que ya fue esencial para llevar a procesos judiciales a dos expresidentes de la República.
Ambos órganos de Estado tienen el enorme compromiso de elegir personas capaces, idóneas y sobre todo correctas. Profesionales independientes e imparciales, que no lleguen con misiones de proteger o perjudicar a determinados sectores o personas. Elegir a personas incompetentes e incondicionales que llegarán a recibir órdenes de proteger a funcionarios o perjudicar a enemigos políticos sería un error garrafal y un retroceso terrible para el país.
Si no solo basta ver la historia reciente. Especialmente en la Corte de Cuentas de la República hay una historia deprimente de funcionarios incondicionales, elegidos a través de pactos y reparticiones oscuras en la Asamblea y que luego repartieron finiquitos exprés a los expresidentes o limpiaron auditorías por encargo. Esas historias no se pueden repetir y de ahí la gran responsabilidad como sociedad de hacer contraloría social en la elección de funcionarios.