La jueza hizo una inspección en diciembre. / DEM


La maquinaria propiedad de la Sociedad Astaldi, que está instalada en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral, ha pasado a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), según ha resuelto el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador.

La jueza Nora Montoya decidió decretar el embargo preventivo de los bienes. El 13 de diciembre del año pasado, hizo una inspección en dicho proyecto, ubicado en el municipio de San Luis de la Reina, Departamento de San Miguel.

En su resolución, la jueza menciona que existen los suficientes elementos para decretar el embargo que CEL, con el aval de la Fiscalía, solicitaron para utilizarlos en lo que resta de la construcción de la presa.

La maquinaria que pasa a CEL es una planta dosificadora y elaboradora de hormigón, transformadores, planta trituradora, circuitos trifásicos de distribución eléctrica, grúa de torre y sus accesorios, planta para combustible, subestación eléctrica de potencia y contenedores.

Previo a esta decisión judicial, el Juzgado de Paz de San Luis de la Reina había emitido una medida cautelar a esos bienes, para garantizar que no fueran trasladados de las instalaciones donde se ejecuta el proyecto por parte de Astaldi, ya que así lo pidió la Fiscalía antes de judicializar el caso.

Existiendo dicha medida cautelar, el 21 de octubre de 2019 CEL, como parte querellante en el proceso y tras consultar con el Ministerio Público, solicitó al Juzgado Noveno de Instrucción donde está el proceso penal del “Caso Chaparral”, que se embargaran esos bienes y se le entregaran en depósito.

Al embargarse la maquinaria a favor de CEL, la jueza hace ver que ese equipo requiere de cuido, conservación y mantenimientos especiales y ha ordenado a la autónoma que asuma esa responsabilidad.

La causa penal El Chaparral se encuentra en la segunda etapa de instrucción que finaliza el 13 de mayo de 2020, y desde esa fecha la Fiscalía va tener cinco días hábiles para presentar el dictamen de acusación (investigación final), ese plazo culmina el 20 de mayo.

Los principales acusados en este expediente son el expresidente Mauricio Funes, Mario Federico Piagostini Maiochi, representante de Astaldi y otros cuatro imputados.