El sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa colocó una pancarta en el pasillo hacia el Salón Azul. Fotografía: Óscar Machón.
Una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional por pago tardío de salario a trabajadores del Órgano Legislativo fue presentada por miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
El secretario general del Sitral, Luis Ortega, indicó que el Gobierno ha violado el derecho al salario de las personas que laboran en la Asamblea Legislativa. Este derecho es regulado por la Constitución de la República en su artículo 37.
Venimos a la honorable Sala de lo Constitucional para que de forma inmediata se pronuncie por nuestro derecho como trabajadores, hay una afectación al artículo 37 de la Constitución. Los derechos a favor de los trabajadores son irrevocables y el ministro de Hacienda ha violentado los derechos porque nosotros ya estábamos incluidos en el presupuesto, están afectando a más de 2,000 trabajadores". Luis Ortega, secretario general del Sindicato.
La sindicalista Melisa González explicó que trabajadores han caído en mora en sus préstamos y los bancos les están cobrando. Los trabajadores que no cuentan con vivienda propia y que pagan alquiler están sufriendo cobros de sus arrendatarios.
Nosotros estamos siendo víctimas de la mora en la que hemos caído. Los bancos nos están enviando mensajes de mora, (estamos) representando los derechos de los trabajadores, no estamos con partidos políticos, se están violentando nuestros derechos, hacemos un llamado al Presidente, un llamado de cordura". Melisa González, sindicalista.
¿Qué dice el artículo 37 de la Constitución de la República de El Salvador?
El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de comercio. El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma, promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales.
El Gobierno también dice que tiene dificultades para trasladar el 10 % de los ingresos corrientes netos del Estado que según la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) debe inyectar a las 262 alcaldías del país a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal (Isdem).
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha asegurado que los ingresos propios del Estado han caído en más de $700 millones. Según el Ministerio de Hacienda esperaban un ingreso de impuestos y contribuciones por más de $3,900 millones de enero a agosto de 2020; pero recibieron solo $3,200 millones.
Deuda adquirida por el Gobierno de El Salvador:
8 de julio: $1,000 millones de títulos valores colocados a un interés del 9.5 % anual, de los cuales falta asignar $354 millones con votos de la Asamblea Legislativa. El destino de $645 millones ya está asignado en el presupuesto 2020 y no requiere votos de la Asamblea Legislativa.
21 de septiembre: $645.8 millones de Certificados del Tesoro (Cetes) a un interés del 7.5 % anual.
Préstamos adquiridos por el Gobierno de El Salvador:
JICA: $46 millones
ISSS: equipamiento de hospital de Cifco: $30 millones.
Fondo Monetario Internacional: $389 millones.
Banco Mundial: $20 millones.