El gobierno de Daniel Ortega creó cuatro empresas para gestionar la importación, comercialización, almacenamiento, transporte y distribución de gas y combustible, así como para explorar y extraer el petróleo. Foto: Archivo-DEM
Empresarios de Nicaragua advirtieron este miércoles que la creación de compañías estatales de hidrocarburos controladas por el presidente, Daniel Ortega, con amplias ventajas fiscales generará una competencia desleal con el sector privado, en crisis desde las protestas del 2018.
"Lo que estamos viendo es una involución hacia empresas públicas, lo que estamos viendo es una competencia desleal que van a tener las empresas" del sector privado, alertó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Aguerrí.
El dirigente se refirió a la decisión del Congreso, de mayoría oficialista, de autorizar el martes al gobierno para crear de cuatro empresas para gestionar la importación, comercialización, almacenamiento, transporte y distribución de gas y combustible, así como para explorar y extraer el petróleo.
La ley dice que las empresas funcionarán como entes descentralizados del Estado con autonomía técnica, financiera, administrativa y de giro comercial; que sus directores serán nombrados por el presidente, podrán asociarse con potenciales inversionistas y en algunos casos crear su patrimonio con bienes estatales.
Aguerrí cuestionó que la ley libere además a estas compañías del "pago de todo tipo de tributos, tasas, cánones contemplados en la legislación nacional".
Consideró que estas prerrogativas fiscales dejan en desventaja a las empresas privadas que aspiren participar en el negocio de hidrocarburos.
Los empresarios han sido afectados desde hace un año por el gobierno con nuevas cargas tributarias, como consecuencia de la crisis que vive el país, tras las protestas opositoras del 2018, que dejaron al menos 328 muertos por la represión, según grupos humanitarios.
Para la oposición política, las nuevas empresas estatales buscan continuar controlando el negocio de hidrocarburos que el gobierno ejercía antes a través de entidades como Albanisa y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), sancionadas el año pasado por Estados Unidos por corrupción.
Albanisa, de capital nicaragüense-venezolano importaba el petróleo de Venezuela, mientras que la distribución la hacía DNP, cuyos activos pasaron al Estado, tras la sanción estadounidense.