A nivel de discurso público, temas como el de la política penitenciaria, la seguridad ciudadana, el combate contra el crimen organizado y hasta la integridad de los procesos electorales, no recibían durante los gobiernos de derecha, la atención que han recibido del actual ministro de la Defensa Nacional, quien al parecer se siente acreditado para opinar sobre todas estas materias, obviando la disposición constitucional que ya establece que la Fuerza Armada “…Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante”.
Pese a lo anterior, el general David Munguía Payés se mueve en el mar de la opinión pública con la misma libertad que lo hace la fuerza naval en aguas territoriales: a veces en forma accidentada, pero siempre a la defensiva: dispuesto al ataque contra sus detractores y convencido que no hay otra persona capaz de defender la democracia como solo él lo puede hacer desde su despacho ministerial, en medio de una rueda de prensa o ante el pleno de la Asamblea Legislativa, cuando ataviado con su uniforme de gala, que imita a los del Capitán General Gerardo Barrios, y haciéndose acompañar de su plana mayor, despliega en los alrededores del palacio legislativo los vehículos blindados y aeronaves cuyo combustible pagamos los contribuyentes.
Hace menos de un año, el ministro Munguía Payés, en plena campaña presidencial, advertía ante la opinión pública que: “La Fuerza Armada monitorea los procesos políticos a fin de resguardar los procesos democráticos y conservar el orden social…”, a la vez, hacía un llamado a la Fiscalía General de la República “para que no se preste a juegos políticos. Las malas decisiones podrían ser motivo de descontento social y manifestaciones que se pueden descontrolar”.
Semejante declaración no habría sido considerada relevante, expresada por un político en campaña, e incluso viniendo del titular de otra cartera de estado podría aceptarse como algo normal, pero en boca del titular del ramo de defensa nacional y considerando la historia de golpes de estado, en los que antes de los Acuerdos de Chapultepec participó la institución armada, esto provocó el rechazo de diversos sectores de la sociedad civil, que recordaban -de nuevo- el texto constitucional que hace recaer estas atribuciones (“resguardar los procesos democráticos y conservar el orden social…”) en instituciones civiles como el Tribunal Supremo Electoral, el órgano judicial y la misma Presidencia de la República (Art. 168, Ord. 3°) que, en este caso, guardó un silencio cómplice, a pesar de que el presidente es también el comandante general de la Fuerza Armada y el llamado a poner en orden a su subordinado.
Llegados a este punto, no puede sino esperarse que, por el bien de la institucionalidad y la democracia del país, el actual ministro de la defensa nacional y su plana mayor, sean separados de sus cargos y en los casos que corresponda, pasen a retiro o a la orden de las autoridades civiles responsables de fiscalizar los diez años de un mando militar, demasiado afecto a los vicios del pasado que tanto costo superar. La amenaza del militarismo, entendido este concepto como la preeminencia de lo militar sobre lo civil, constituye una amenaza constante en democracias no consolidadas como la nuestra. Es obligatorio recordar que el último relevo presidencial, en mayo de 2014, encontró al actual ministro de defensa impidiendo el procedimiento a cargo de un grupo de fiscales que, con una orden judicial, trataron inútilmente de ingresar a las instalaciones del registro de armas y explosivos de esa cartera de estado, en el curso de una investigación sobre el tráfico de armas de la que hasta la fecha los resultados no están claros.
En aquella ocasión, Munguía Payés declaró que estaba dispuesto “a defender con su vida” la información resguardada en su ministerio, como si ésta fuera una propiedad personal y no un patrimonio oficial sujeto a control. Lo mismo ha ocurrido con las órdenes del Instituto de Acceso a la Información Pública, que en repetidas ocasiones han intentado acceder a datos e informes de los años del conflicto y que siguen siendo secuestrados por órdenes del titular.
El riesgo de contar en el gabinete de gobierno con un militar poco comprometido con las formas y sustancia democráticas, pondría en entredicho la sostenida promesa de campaña de terminar con la impunidad y la arbitrariedad. La Fuerza Armada es una institución permanente, que tiene un papel que cumplir y límites que respetar. Esta es la única defensa de la democracia que queremos.