Estos representan un número considerable de personas, si se hace un recuento de las decenas de legisladores, concejales y ediles cesantes que probablemente permanezcan en sus hogares, luego de años de duro trabajo al servicio del público.
Y para ello, Villatoro ha girado instrucciones a los puestos fronterizos y de migración, para que estos den cuenta del medio utilizado y el posible país de destino de todos los que desde esta perspectiva, se presumen culpables de cometer ilegalidades durante su gestión, sin más pruebas que el simple hecho de haber desempeñado sus cargos bajo una bandera partidaria que no comulga con el oficialismo en boga.
Nada podría estar más alejado del precepto constitucional que garantiza el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas, sin excepción, como una garantía que pone freno a los abusos de poder como este, y un límite a la voluntad de funcionarios que como el mencionado, olvidan su juramente de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Esto, que no es más que otra muestra de la peligrosa tendencia que se observa en la Administración, de restringir la libertad individual hasta límites que no se cruzaban desde los años de la guerra civil, tuvo su primera evidencia durante la cuarentena domiciliaria del año pasado, cuando se detuvo y retuvo a miles de salvadoreños en “centros de contención”, a pesar de las ordenes de la Sala de lo Constitucional que habían ordenado cesar dicha práctica.
Otro ejemplo ha sido el empeño de los militares en detener a familias enteras que han intentado abandonar el territorio, ya sea para sumarse a las caravanas de centroamericanos que avanzan hacia los Estados Unidos o simplemente para dejar el país hacia un destino incierto, víctimas del desplazamiento forzado que ocurren en zonas de influencia y expansión de las pandillas.
Bajo la excusa de proteger la integridad de los menores de edad, la Fuerza Armada ha compartido imágenes de las personas bajo custodia como si de otros delincuentes se tratara, ignorando o pretendiendo ignorar, que migrar también es un derecho humano y que todos los salvadoreños tenemos derecho a hacerlo.
Parece mentira que nuestro país, antes lugar de destino del exilio venezolano y nicaragüense de los últimos años, se vaya a convertir un día en otra Cuba, es decir, en un territorio que sirve de cárcel a los mismos ciudadanos que delegan su poder en el gobierno que los representa pero a la vez lo retiene, haciendo del ejercicio de este derecho humano una amenaza a su seguridad interna, una fuente de sospecha o un intento de subvertir un orden que en realidad no existe.
La postura asumida públicamente por el ministro Villatoro cuenta con la aquiescencia de su jefe el presidente Bukele, y también con una opinión pública favorable a que se castigue a los culpables de corrupción, en especial si los responsables pertenecen a los partidos políticos de oposición, pero se olvida con demasiada frecuencia que tal nivel de responsabilidad debe ser fijado por la autoridad judicial, no desde la casa presidencial.
Téngase en cuenta que los funcionarios salientes cuentan con un plazo de dos meses para entregar su última declaración de patrimonio, que a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia le llevara un tiempo realizar las auditorias correspondientes y que mientras tanto, si el Fiscal General de la República no presenta cargos amparados en los medios de prueba pertinentes, todos, absolutamente todos los políticos ahora cesantes gozan de libertad.
Ojalá este mismo celo por luchar contra la impunidad se mantenga en los siguientes años, que no se haga distingos entre las diferentes fuerzas políticas y, que cuando llegue la hora, los funcionarios que tomaron posesión de sus cargos el fin de semana, den cuenta a tiempo de la extensión de su patrimonio y el de su familia.