El caso de El Salvador se ve destacado, por ser el país donde se observa un agravamiento en el ejercicio de la libertad de prensa, de hecho, esta situación se califica como “la segunda mayor caída de esta zona”, al referirse al lugar que ahora ocupamos en el ranking de la región latinoamericana, solo superado por la que fue observada en Nicaragua, que decayó 24 posiciones en el ranking de 180 países evaluados. Nuestro país bajó 15 posiciones con respecto al año anterior, ocupando actualmente el lugar 81° de la lista, en una región que el mismo informe señala como amenazada por el autoritarismo y la desinformación, factores que también impactan negativamente en la libertad de prensa y por ende en la calidad de la democracia.
En este ambiente de potencial censura y persecución, la mayoría de periodistas salvadoreños intentan seguir haciendo su trabajo con un método y responsabilidad admirables, asolados por amenazas constantes que pueden materializarse no solo en agresiones físicas, sino que también en ataques y hostigamiento por redes sociales, muchas veces desde cuentas oficiales, o la amenaza de procesos legales y hasta el inicio de demandas civiles o penales por parte de sectores con la capacidad económica para hacerlo, y que muchas veces ven descubiertos sus vínculos con el crimen organizado o con la corrupción gubernamental, gracias precisamente al trabajo de la prensa.
Otra acción cada vez más frecuente por parte de aquellos descontentos con las publicaciones en los medios, es la constante demanda sin justificación alguna, de publicaciones que contengan una rectificación o espacio para su derecho de respuesta. Tal posibilidad, contemplada en la “Ley Especial del Derecho de Rectificación y Respuesta” vigente desde el 2013, garantiza el ejercicio de este derecho como protección de otros no menos importantes: el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar y a la propia imagen.
No se niega aquí la legitimidad de esta pretensión en aquellos contados casos en los que una publicación falló en la busca de la verdad de los hechos o en la individualización de responsabilidades, sino de aquellos casos en los que el ejercicio de esta acción, no tiene otro interés que el de ejercer presión sobre el autor de una nota que contiene puntos de vista con los que no coincide.
La misma ley en comento señala que no habrá lugar a exigir el derecho de respuesta: “Cuando en los programas o artículos publicados o difundidos se emitan opiniones, ideas o juicios de valor, particularmente que provengan o se debatan en materia política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa, profesional o deportiva, vertidos a través de un medio de comunicación, salvo que en ello se utilicen términos o expresiones agraviantes u ofensivas…” (Art. 5, lit. “a”).
En casos de este tipo, cuando este derecho es ejercido de mala fe, en medio de un entorno señalado por “Reporteros sin Fronteras” como proclive a las amenazas y censuras contra los periodistas, la mera insatisfacción del lector o televidente amenaza con convertirse en un acto que amordaza a los comunicadores y los disuade de proseguir las investigaciones o reportajes que precisamente han ocasionado las reacciones arriba apuntadas.
La libertad de prensa no constituye un valor abstracto en una democracia, dela misa depende el mejor o peor conocimiento que se tenga de la realidad del país y sobre las posibilidades de mejorarlo. Esta libertad se ejerce por parte de personas concretas, que también son vulnerables a los ataques externos y que requieren contar con acceso a datos e informes oficiales, protección de sus fuentes de información y del máximo respeto por parte de los funcionarios, que con demasiada frecuencia buscan hacer eco de las declaraciones que les convienen, mientras buscan guardar secreto de las acciones u omisiones que atraen la crítica ciudadana.