La Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) expresó hoy su satisfacción por la decisión de una jueza estadounidense de extraditar a España al coronel salvadoreño Inocente Montano, vinculado con el asesinato de seis jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, en 1989.
En un comunicado, esta asociación aplaudió también el arresto de cuatro de los 17 militares salvadoreños con orden de detención internacional por esos crímenes de lesa humanidad y terrorismo.
La decisión de los tribunales de Estados Unidos es "un paso extraordinariamente importante en la persecución de los crímenes internacionales cuando violan gravemente los derechos humanos", manifestó el director del equipo jurídico de la Apdhe, Manuel Ollé.
Ollé ejerce la acusación en el proceso penal que se tramita por estos hechos ante la Audiencia Nacional (tribunal).
La decisión de Estados Unidos es "un hito" para el derecho penal internacional pues se reconoce que "estos aberrantes crímenes no pueden quedar impunes" y se brinda "la necesaria cooperación jurídica para que los presuntos autores de estos hechos sean juzgados", recalcó el abogado.
Cuatro de los 17 militares salvadoreños involucrados en la matanza de seis padres jesuitas el 16 de noviembre de 1989 fueron capturados en las últimas horas por la Policía del país centroamericano en virtud de los requerimientos efectuados por Interpol, según confirmó hoy el cuerpo de seguridad.
Los militares retirados capturados son el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
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El juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco reiteró el pasado 5 de enero las órdenes de captura contra los uniformados emitidas originalmente en agosto de 2011.
Horas antes del operativo salvadoreño, una jueza estadounidense había dado luz verde a la extradición a España del excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, reclamado por el mismo caso.
La matanza se perpetró el 16 de noviembre de 1989 a manos de Fuerzas del Ejército salvadoreño, que asesinaron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como su colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina.
Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país entre 1980 y 1992.