Investigadores y críticos de pasados procesos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) esperan que esta vez los diputados de la Comisión Política de la nueva Asamblea Legislativa deliberen públicamente la selección, luego finalizar las entrevistas a 30 aspirantes.
Políticos de las legislaturas anteriores se han limitado a realizar un cruce o intercambio de listados sin deliberar la razón por la cual descartan a uno o eligen a otro.
El Órgano Legislativo debe elegir cinco magistrados propietarios y sus cinco suplentes para el periodo 2021-2030. Gracias a sentencias de la Sala de lo Constitucional del periodo 2009-2018 todo este es público, incluso la deliberación, y su elección debe estar justificada en el dictamen correspondiente, sin que baste enumerar los logros que reporta cada aspirante en sus currículum.
Es importante que se respete la jurisprudencia ya dictada por la Sala de lo Constitucional respecto de los requisitos para elegir magistrados”. Carlos Palomo, presidente de Tracoda.
Los antecesores
Los investigadores señalan que los diputados de anteriores legislaturas no deliberaron públicamente los criterios para elegir a un abogado como funcionario de la CSJ, por lo que esperan que los diputados de la Comisión Política, dominada por Nuevas Ideas, realicen su discusión de forma pública.
Al respecto, Jessica Estrada, directora de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), manifestó que la elección de los magistrados de la Corte debe ser razonada ante la población.
Nos gustaría y ojalá logremos ver que las decisiones se tomen analizando y justificando la decisión de los magistrados y al aprobar leyes”. Jessica Estrada, directora de Transparencia de Funde.
“La deliberación pública es esencial para garantizar que se está eligiendo conforme a lo que establece la Constitución y los estándares internacionales, y la jurisprudencia que ha desarrollado a lo largo de los años la Sala de lo Constitucional respecto a este tema. La fracción mayoritaria está obligada a justificar la decisión que están tomando por la ciudadanía”, aseveró.
Argumentar
Carlos Palomo, presidente de la Asociación Salvadoreña Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), ve necesario emitir “un dictamen en el que se ponderen los antecedentes de todos los candidatos y en el que se explique de forma detallada por qué las personas que resulten electas eran mejores perfiles que los que no fueron elegidos”.
Según el presidente de Tracoda, la legitimidad del proceso depende de que se continúe el debido proceso. “No puede haber elección legítima sin publicidad en el proceso parlamentario”, reiteró.
Objetividad
Marjorie de Trigueros, directora del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), afirmó que se deben conocer públicamente los méritos de “independencia, capacidad y honorabilidad”. “Es una obligación que los diputados lleven a cabo un proceso con transparencia que se encamine a lograr una elección de magistrados por razones de idoneidad. Esto implica que debe haber evaluación objetiva de los perfiles, con instrumentos como los baremos, que haya una deliberación pública sobre los méritos”, dijo.
La Comisión Política de la Asamblea inició las primeras 10 entrevistas el 7 de junio.
Es una obligación que los diputados lleven a cabo un proceso con transparencia que se encamine a lograr una elección por razones de idoneidad”. Marjorie Trigueros, directora de Estudios Legales de Fusades.