Esa decisión de imponerle medidas cautelares fue llevada hasta el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, el 18 de abril del mismo mes, un día después la jueza ratificó las medidas y el expediente 07-RMC-17 comenzó a correr con plazos y ha otorgado a la Fiscalía General de la República hasta el 23 de agosto de 2017, para que presente de forma oficial la solicitud de extinción de dominio y que el juzgado señale fecha de la primera audiencia y a partir de ese momentos los afectados (dueños de los bienes) ejerzan su defensa y presenten las pruebas que justifique la legítima procedencia de toda su fortuna, ya que en los procesos de extinción de dominio la carga probatoria recae en los dueños de los bienes.
A través de la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, se consultó al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio sobre la totalidad de los bienes que han pasado al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), y se informó que en total son 243 clasificados en diferentes rubros.
El juzgado detalló que el CONAB administra 62 inmuebles, 14 acciones de sociedades, 12 establecimientos de negocios, 40 marcas y distintivos comerciales y 115 vehículos. El Ministerio Público pretende que todos pasen al Estado ya que representan un incremento patrimonial injustificado, cuyo origen podría ser el lavado de dinero y activos, delito que les atribuyen a los nueve imputados.
La Fiscalía promueve este proceso basándose en el literal C, del artículo 6 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los bienes de Origen o Destinación Ilícita, que permite ir tras bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado de una persona natural o jurídica.
Esta ley, en su artículo 23, dice que deben aplicarse medidas cautelares sobre los bienes sujetos a la acción de extinción de dominio, y le da 90 días a la Fiscalía para que presente la solicitud de inicio de la acción que lleve a extinguir los bienes siguiendo el debido proceso, bajo el control de la jueza especializada quien deberá garantizar que no se violen principios constitucionales.Las indagaciones del Ministerio Público dan cuenta que los empresarios José Adán Salazar Umaña, Wilfredo Guerra Umaña, Juan Umaña Samayoa y los otros seis acusados lavaron supuestamente entre los años 2003 al 2055, $3,061,205.60, en tanto, Agroindustria GUMARSAL S.A de C.V y Hotesa S.A de C.V. habrían blanqueado entre los años 2003 y 2015 $170,952,288.56.
Según la ratificación de la medida cautelar, a “Chepe Diablo” son 27 bienes los que tiene afectados con embargos y anotaciones preventivas, de esa cantidad, cinco establecimientos de negocios que él dirigía, son ahora administrados por el CONAB, sumado a 18 bienes inmuebles y cuatro acciones de sociedad.
Mientras que a Wilfredo Guerra, hijo del exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, ambos prófugos; le han embargado 13 bienes inmuebles y en el caso de Agroindustrias GUMARSAL, ubicada en Kilómetro 30 y medio del municipio de San Juan Opico departamento de La Libertad, son 13 bienes inmuebles los que tiene bajo su poder de forma provisional el CONAB.
El Caso
3/04/2017
La Fiscalía General de la República decretó medidas cautelares, anotaciones preventivas, embargos y administración en los bienes que están a nombre de los nueve imputados, así como las sociedades Agroindustria GUMARSAL S.A de C.V y Hotesa S.A de C.V.
18/04/2017
La Fiscalía presentó al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, la solicitud de ratificación de las medidas cautelares decretadas a los bienes de la red de “Chepe Diablo”, de esto dependía continuar con ese proceso con el fin de garantizar la efectividad del caso.
19/04/2017
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, luego de revisar la solicitud que le presentó el Ministerio Público resolvió ratificar la totalidad de las medidas cautelares que administrativamente se impuso a los bienes de la estructura.
23/08/2017
Se vence el plazo para que la representación fiscal le presente a la jueza de forma oficial, la solicitud de extinción de dominio para que a partir de eso momento comience a correr los plazos para señalar las diferentes audiencias que la ley establece.